Afirmó que la indagación es contraria a lo que la Constitución establece para proteger la investidura de los jefes de Estado, pero pese a que una primera instancia judicial rechazó un recurso de tutela de derechos presentado para detener las indagaciones en marcha.
Sostuvo que la investigación es nula y “lo que es nulo nunca debió surtir efecto jurídico alguno. Esta es una investigación que colisiona frontalmente con la Constitución”,dijo.
Preguntó también ¿en qué parte de la carta magna dice que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, puede investigar al presidente?
El inicio de las pesquisas a Castillo se basa en que la Constitución impide acusar al mandatario durante su mandato, pero Espinosa y otros juristas alegan que tal limitación prohibe tácitamente investigarlo porque ello implica una acusación.
El abogado del mandatario dijo también que las pesquisas del caso, un contrato irregular para la construcción de un costoso puente, pueden proseguir sin incluir a Castillo, quien, de ser el caso podría ser investigado tras culminar su mandato.
La hipótesis de la Fiscalía para investigar al presidente plantea que es presuntamente jefe de una organización criminal que cometía delitos de tráfico de influencias y colusión agravada mediante contratos de obras públicas que favorecían a determinadas empresas.
En el caso están comprendidos Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones; Bruno Pacheco, exsecretario de Castillo, actualmente prófugos; y dos sobrinos de Castillo.
Las acusaciones cuentan con gran apoyo político opositor y mediático y alientan los planes de la oposición de derecha extrema de vacar (destituir) al gobernante en el Congreso de la República
Representantes de ese sector señalan que solo esperan que las pesquisas recojan pruebas contundentes contra el jefe de Estado para alcanzar los dos tercios de votos del total de integrantes del parlamento unicameral, lo cual no han logrado en dos intentos.
mgt/mrs
