Zamir Villaverde dejó el presidio de Ancón, en el norte de la ciudad, donde permaneció desde el 28 de marzo, como promotor de negocios irregulares con organismos estatales, a favor de determinadas empresas y con sobornos de por medio.
Salió en libertad condicional protegido por policías y guardaespaldas privados, estos con trajes negros, corbatas rojas y anteojos oscuros, que impidieron a los reporteros acercarse a interrogar a Villaverde, un acaudalado empresario con antecedentes delictivos.
La situación del personaje comenzó a cambiar cuando declaró ante una comisión parlamentaria controlada por la oposición, que el presidente Castillo había ganado la presidencia con fraude, pese a que una comisión congresal de sus detractores no pudo encontrar pruebas de ello.
Posteriormente sindicó como involucrados en actos de corrupción al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y al secretario presidencial, Bruno Pacheco, hoy prófugos, y a dos sobrinos del presidente.
Según versiones periodísticas, Zamir salió en libertad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía que lo compromete a colaborar con pruebas de sus dichos, en parte supuestamente ya entregadas.
Al mismo tiempo, cesó el enfrentamiento entre los abogados de Villaverde y de la lobista (gestora de negocios) Karelim López, que competían por un entendimiento con la Fiscalía.
López se mantuvo en libertad tras declarar que el jefe de Estado encabezaba una organización criminal integrada por Silva y otros funcionarios, sin que se conozcan pruebas de su afirmación.
La empresaria ganó primeras planas ayer, al afirmar que recibió en su casa un sobre con amenazas de muerte junto a balas y pólvora, lo que le dio notoriedad.
Castillo ha negado reiteradamente que esté involucrado en casos de corrupción y el congresista de izquierda Guillermo Bermejo declaró que sigue creyendo en su inocencia mientras no haya pruebas fehacientes en su contra.
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