Benavides dejó sin efecto la decisión de su antecesora, Zoraida Ávalos, de congelar ese caso hasta el fin del mandato de Castillo, algo que la primera ya hizo con el de una presunta red de corrupción integrada por funcionarios de su entorno y parientes.
La hipótesis de la Fiscalía planteada por Ávalos señala que el gobernante habría cometido el delito de tráfico de influencias al presionar a los mandos militares por el ascenso de grado de determinados oficiales, ninguno de los cuales se hizo efectivo, según los mandos castrenses.
El caso fue investigado con averiguaciones al exsecretario de Castillo, Bruno Pacheco, quien habría sido intermediario del mandatario en esas gestiones y actualmente está prófugo y tiene una orden de prisión preventiva pendiente, por el referido caso de la presunta red corrupta.
La fiscal Benavides convocó además a declarar al presidente el 4 de agosto y para fechas previas a Pacheco, a los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde -involucrados en el caso que incriminan a Castillo- y a seis oficiales del Ejército.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, calificó como virtualmente ilegal la decisión de la fiscal Benavides y anunció que pedirá al Ministerio Público “la nulidad absoluta” de la indagación porque, según dijo, la titular de dicha cartera no puede cambiar lo decidido por Ávalos.
De cualquier manera, el Poder Judicial a establecido que el mandatario solo puede ser investigado preliminarmente mientras ejerza el cargo y una indagación de fondo, de encontrarse indicios en la etapa actual, podrá realizarse al final de su gestión.
Legisladores de oposición alientan la posibilidad de que la investigación preliminar encuentre evidencias que sean tan claras que el Parlamento decida vacar (destituir) a Castillo por la causal constitucional de “permanente incapacidad moral”, lo cual ha sido intentado dos veces sin éxito.
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