Según la demanda, la Casa Blanca “busca transformar cada sala de emergencias del país en una clínica de aborto sin cita previa” y está “desobedeciendo” el fallo de la Corte Suprema, que el mes pasado otorgó a los estados la facultad de prohibir o restringir el procedimiento.
A raíz de las protestas y presionado por los propios demócratas, Biden firmó la semana pasada un decreto para tratar de asegurar el acceso a la medicación abortiva y aumentar la protección de los sanitarios a cargo de esos procedimientos.
Activistas consideran que la ordenanza tiene un alcance limitado debido a que la única manera de garantizar la interrupción de embarazos a nivel federal sería con la aprobación de una ley en el Congreso, algo difícil de conseguir para los demócratas con su exigua minoría en el legislativo.
No obstante, el decreto que rechaza Texas, uno de los 13 estados del país con prohibición total al aborto, exige al Departamento de Salud garantizar tratamiento médico de emrgencia a las mujeres que están sufriendo un aborto natural o complicaciones con su embarazo.
Ante la denuncia del fiscal general texano, Ken Paxton, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que ese es un ejemplo más de la actuación de un funcionario republicano radical que desea impedir a las mujeres atención vital en las salas de urgencia.
El pasado 24 de junio, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, determinó anular la sentencia de 1973 del caso conocido como Roe vs Wade y de esa forma provocó lo que muchos consideran un retroceso de 50 años.
En aquel momento el tribunal escuchó los argumentos de Jane Roe -pseudónimo de Norma McCorvey- quien intentó abortar en Texas, pero el fiscal Henry Wade se lo impidió y ella dio a luz antes de la sentencia del Supremo a su favor.
La anulación de Roe vs Wade amplió el debate sobre los derechos reproductivos femeninos y es un tema que puede influir en los votantes de cara a las elecciones de medio término de noviembre.
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