Un breve anuncio familiar confirmó el deceso del militar que gobernó entre 1975 y 1980, tras derrocar con un golpe de Estado al presidente nacionalista Juan Velasco, que lo ungió como una especie de sucesor y designado jefe del Ejército.
Al asumir el cargo, anunció que la llamada revolución de la Fuerza Armada continuaría en una segunda fase, pero es señalado como el iniciador del desmontaje o paralización de las reformas de Velasco, por lo que el mayor historiador de Perú, Jorge Basadre, lo definió como “Felón” (traidor).
Tras una asamblea constituyente (1978-79), convocó a elecciones presionado por una ola de descontento y protestas populares y en los comicios de 1980 entregó la presidencia al centro-derechista Fernando Belaúnde, quien gobernaba cuando Velasco tomó el Gobierno en octubre de 1968.
En sus últimos meses, Morales figuró entre los firmantes de comunicados públicos de políticos y militares jubilados de extrema derecha.
A su muerte, el centenario exgeneral tenía al Perú como una especie de prisión de más de un millón 200 mil kilómetros cuadrados, pues de salir del país corría el riesgo de ser detenido y entregado a la justicia italiana para que cumpla su condena.
La pena perpetua le fue impuesta en enero de 2017 y ratificada en 2019 y 2022, por las torturas con muerte de los exiliados argentino-italiana Noemí Esther Gianotti de Molfino y los argentinos María Inés Reverta y Julio César Ramírez.
Los tres fueron secuestrados a plena luz del día por agentes de inteligencia argentinos y peruanos y fueron torturados y trasladados a Argentina previo paso por Bolivia y el cadáver de la primera apareció días después en Madrid.
En la operación estuvieron involucrados también el jefe del Ejército de la época, Pedro Richter, ya fallecido, y otros altos oficiales, que igualmente quedaron impunes.
Un polémico fallo del Tribunal Constitucional aprobado sin mayoría, bloqueó en septiembre de 2019 la extradición de Morales a Italia.
Con el voto de solo tres jueces, el dictamen alegó que el delito por el que fue condenado el exgobernante prescribió antes de que el Estado peruano firmara en 2003 la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas.
Sin embargo, el jurista Carlos Rivera hizo notar que el argumento carecía de valor porque la convención establece que esos crímenes jamás prescriben, independientemente de cuando fueron cometidos.
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