La vista está prevista desde el próximo lunes 18 de julio y hasta el 5 de agosto, y, a saber, están imputadas 82 personas, entre ellas los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), además de los dos hijos del primero, presos en Estados Unidos por el mismo delito.
El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá indicó que tiene como fecha alterna del 12 al 30 de septiembre de este año.
Al respecto, el diario La Prensa indicó este viernes que la falta de notificación a procesados que se encuentran fuera del país, la entrada de nuevos abogados al proceso y un recurso del expresidente Martinelli, podrían retrasar el inicio del juicio.
Sin embargo, el OJ confirmó que ofrecerá señal de audio y video a los distintos medios de comunicación social para que puedan transmitir, en vivo la audiencia preliminar.
El comunicado oficial indica además que los periodistas interesados en la cobertura deberán acreditarse en la Dirección General de Comunicación, a fin de que puedan recabar la información que surja, mediante un sistema de circuito cerrado.
La víspera gremios periodísticos abogaron porque esa audiencia fuese pública, por el interés que despierta en la ciudadanía y de acuerdo con lo establecido en las leyes y la Constitución, toda vez que la principal víctima del proceso es el Estado.
La petición además se da ante el clamor ciudadano de mayor transparencia y verdadera rendición de cuentas de parte de las autoridades.
El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá fijó la vista preliminar en la que también los acusados deberán responder por el delito de corrupción de servidores públicos. Según analistas, Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
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