Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá
La actual situación coloca varios escenarios a lo que algunos consideran la mayor crisis social de los últimos 35 años.
En mis 52 años de vida no veía manifestaciones de esta envergadura, aseveró a Prensa Latina el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, uno de los líderes de la alianza Pueblo Unido por la Vida, protagonista de las huelgas en la calle.
Otros analistas estiman que Panamá es sacudida por una ola de descontento popular que no ocurría desde que en 1989 cayó la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega y sobrevino la agresión militar de Estados Unidos para sembrar caos y muerte.
DIÁLOGO FRACASADO
El pasado 19 de mayo, tras una marcha que recorrió las principales arterias de la capital panameña, las agrupaciones sindicales y populares del istmo llegaron hasta la presidencia de la República y entregaron un pliego de 32 peticiones. Entre las demandas sobresalieron congelar y reducir el precio del combustible, de la canasta básica familiar y el aumento general del salario, entre otros reclamos.
El Ejecutivo respondió por escrito algunas de estas demandas, lo cual fue considerado insuficiente y alejado de la realidad del país, que exhibe uno de los de mayores indicadores de desigualdad y pobreza pese a millonarios ingresos de empresas trasnacionales.
Una segunda caminata llegó hasta el Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) el 28 de junio, pero de igual manera las medidas adoptadas no fueron suficientes y los gobernantes, a juicio de los líderes populares, se escudaron en problemas como la Covid-19 y la guerra en Ucrania.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, regresó al país el 10 de julio luego de someterse a exámenes de salud en Estados Unidos y ser diagnosticado con meliodiplasia (cáncer en la sangre) pero de bajo riesgo.
Tras solo arribar se dirigió a la nación para anunciar decretos como la reducción por tres meses del precio del galón de combustible (3,78 litros) a 3,95 dólares, y el congelamiento del precio de 10 productos de la canasta básica.
Además el Consejo de Gabinete, al igual que la Asamblea Nacional (Legislativo) adoptaron medidas de contención de gastos, llamadas de austeridad, ante fuertes denuncias de corrupción y despilfarro de los fondos públicos.
Una de las iniciativas, reducir el 10 por ciento de la plantilla estatal, fue rechazada por los movimiento populares y expertos pues significa el despido de unos 27 mil trabajadores que se sumarían a los más de 200 mil desocupados en el país, mientras se mantienen recibiendo salarios personas en cargos “botellas” gracias al clientelismo político y el nepotismo.
Sobre este asunto, Méndez fustigó que expulsarán de sus plazas al pueblo humilde, honesto y trabajador, y dejarán en sus puestos a quienes harán politiquería dentro de dos años en comicios presidenciales para favorecer a los partidos tradicionales que hundieron al país en las últimas siete administraciones.
MARCHA ESTREMECEDORA
Como reacción, el 12 de julio una multitudinaria marcha estremeció las calles de Ciudad de Panamá y llegó hasta la emblemática Plaza 5 de Mayo, en las inmediaciones del Legislativo, y los constructores realizaron una huelga de advertencia de 24 horas que paralizó el 96 por ciento del sector y obligó al Gobierno a volver a entablar negociaciones.
Esas conversaciones habían fracasado en la occidental provincia de Veraguas con otro de los grupos beligerantes, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y la Asociación de Educadores Veragüense.
Al complejo panorama de descontento popular se integraron de a poco educadores, constructores, transportistas, indígenas, estudiantes universitarios y grupos comunitarios con cierre de vías y paralización de labores en todo el país, entre otras medidas de presión.
El Gobierno convocó a una nueva mesa de diálogo en la Ciudad del Saber pero las alianzas la rechazaron por establecer condiciones de antemano, sin consensos, como los temas a debatir, fecha, lugar y hora y hasta el mediador, la Iglesia Católica, cuando Anadepo, por ejemplo, demandó fuese el Defensor del Pueblo el moderador, para no comprometer ningún credo.
Por su parte, la Arquidiócesis de Panamá difundió la ruta para iniciar un proceso de diálogo incluyente, participativo y transparente, en la que planteó realizar previamente acercamiento con todos los sectores. “Reconocemos que no es un momento fácil para hablar de diálogo, sin embargo, es necesario recobrar el verdadero sentido que tiene esta palabra”, señaló en un comunicado.
El Sistema de Naciones Unidas en Panamá también hizo llamados a la calma y le solicitó al Estado seguir garantizando la seguridad y condiciones para el ejercicio de los derechos humanos de la población general, incluyendo a quienes se manifiestan.
IMPACTO DE PROTESTAS
Centenares de miles estudiantes permanecen sin clases por más de una semana y los bloqueos en tramos como la vía Interamericana, que atraviesa el país y lo comunica con Centroamérica, provocaron desabastecimiento de ciertos alimentos en la capital y otros centros urbanos, así como de combustible en regiones del interior.
Toda esta situación dificulta la producción agrícola y ganadera con consecuencias que podrían tener impacto a mediano o largo plazo, según el gremio empresarial.
Analistas estimaron que la chispa de las revueltas fue el precio del combustible que se incrementó un 47 por ciento desde inicios de año, llegando a valer 5,17 dólares el galón de gasolina.
Para la ciudadanía todavía es insuficiente la medida del jefe de Estado, de reducir el precio del carburante desde el 15 de julio a 3,95 dólares el galón para todos los autos particulares, además de congelar el precio de 10 rubros alimenticios.
Critican que en un país de 4,2 millones de habitantes, en torno al 20 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y presenta servicios deficientes de salud y educación, a pesar de los altos índices de crecimiento económico y un canal interoceánico que aporta más de dos mil millones de dólares anuales al tesoro nacional.
En ese entorno, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá insiste en sus llamados a la cordura y a llegar acuerdos entre las partes para frenar las crecientes pérdidas de la economía.
También piden que el Gobierno detalle cuál es la reducción real de gastos del Estado y exigen una redistribución de los recursos hacia inversiones productivas.
Las protestas comenzaron por exigir la reducción y congelamiento del precio de los combustibles, alimentos y medicinas, un alza general de salarios y el presupuesto educativo, pero fueron escalando hacia el repudio al despilfarro de los recursos del Estado y la corrupción.
Para el coordinador del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), Jorge Guzmán, la lucha será indetenible hasta que se logre reformar el actual Estado neoliberal y corrupto mediante una Asamblea Constituyente originaria con plenos poderes.
También el líder de Suntracs, Saúl Méndez, opinó que ya el pueblo se cansó de promesas incumplidas y no cree en los gobiernos de turno, por eso sigue y seguirá en las calles permanentemente y la protesta tenderá a crecer.
“Queremos una mesa (negociación) real, pues los diálogos de ‘yo con yo’ no resuelven nada”, apostilló. Esta no es la batalla de una sola organización, dijo, sino de diversos sectores que integran Anadepo y la alianza Pueblo Unido por la Vida.
“Este pueblo no se va a rendir, porque está cabreado (molesto) del robo, la corrupción, del alto costo de la vida, de ser humillado, ahogado en miseria para proteger los intereses del poder económico”, remarcó.
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