En las sesiones en el Centro Cristo Sembrador de la Diócesis de Penonomé (provincia de Coclé) acordaron presentar al Órgano Ejecutivo los temas a debatir, entre ellos combustibles, alimentos, medicamentos, electricidad, la propuesta del 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto para la educación y la corrupción.
El secretario del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl Méndez, señaló que la represión policial debe cesar para avanzar en estas conversaciones, en alusión a enfrentamientos violentos la víspera entre la Policía Nacional y manifestantes en la vecina provincia de Veraguas.
Los dirigentes de ese colectivo junto a los de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo (Anadepo), grupos originarios de Ngabe Bugle y campesinos sentaron las primeras bases para sentarse a platicar con representantes del Ejecutivo.
Sobre los hechos en el puente de Santiago, en Veraguas, retomado por los protestantes en la madrugada que volvieron a cerrar la vía Interamericana, el Ministerio de Seguridad Pública emitió por su parte un comunicado en el que rechazaron la agresión contra sus unidades y la destrucción de vehículos de la institución.
La entidad señaló que la participación de unidades antimotines en la refriega con saldo de varios heridos y detenciones se trató un plan para garantizar el paso de más de 500 vehículos con alimentos, insumos médicos y combustible que se mantenían varados por más de 10 días.
En la capital también se dieron enfrentamientos entre la policía antidisturbios y grupos de manifestantes, que fueron replegados con gases lacrimógenos a fin de obligarlos a despejar una autopista que mantenían bloqueada.
Las protestas en el istmo, incluida una huelga docente indefinida, comenzaron hace más de dos semanas y se han mantenido tras intentos fallidos de sofocarlas por parte del Gobierno, que aprobó subsidios al combustible y algunos alimentos y una reducción del gasto público del 10 por ciento, medidas consideradas insuficientes.
Los cierres viales han causado pérdidas por más de 500 millones de dólares a los productores del agro y a la agroindustria, así como el desabastecimiento de mercados, según el gremio empresarial.
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