En la central provincia de Coclé, con la Iglesia católica como facilitadora, en las conversaciones participan altas autoridades del Ejecutivo cuyo enlace con el jefe de Estado es el vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo.
Las partes acordaron ocho temas prioritarios para esos debates, entre ellos los altos precios de canasta básica familiar y los combustibles, medicamentos y energía eléctrica.
También evaluarán medidas para enfrentar la crisis en la Caja de Seguro Social, sin privatizar; designar el 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto al sistema educativo y medidas anticorrupción; además establecerán una mesa intersectorial para dar seguimiento a cada asunto.
Las pláticas se dieron en medio de cierre de carreteras y acciones represivas de la Policía Nacional contra manifestantes en las provincias de Veraguas y en Panamá Este, que pusieron en riesgo la continuidad de las negociaciones.
De igual manera dos individuos asociados a partidos políticos y ajenos a la lucha del pueblo en las calles, de manera violenta obstaculizaron el paso de una caravana con alimentos desde Chiriquí a la capital del país, pero luego de la presión popular se entregaron a las autoridades y serán enjuiciados por lesiones personales, apología del delito, extorsión y atentar contra las libertades individuales.
Las primeras sesiones de la mesa no tuvieron mayores avances luego de que las organizaciones demandaron rebajar un 30 por ciento el costo actual de la canasta básica, pero el Ejecutivo estima solo se podrá el 15 por ciento, al tiempo que presentó unos 35 productos para ese fin, pero negó la creación de una oficina de regulación de precios, otra de los iniciativas de los movimientos populares.
La mesa única en Coclé es el primer intento exitoso de diálogo entre las partes, luego de que fracasaran acercamientos anteriores impulsados por el Gobierno por no incluir a todos los sectores en manifestaciones.
En los últimos siete días también se aplazó la audiencia del mayor caso de corrupción en la historia del país por blanqueo de capitales y sobornos de funcionarios públicos, entre ellos dos expresidentes y varios ministros, asociados a la constructora brasileña Odebrecht, investigación que data de 2017.
La jueza Baloisa Marquínez, a cargo del proceso, pospuso para el venidero 12 de septiembre y hasta el 30 de ese mes como fecha definitiva la vista debido a la inasistencia de abogados de la defensa, algunos de manera injustificada.
Según analistas, Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
jha/ga
