También se produjeron manifestaciones en las occidentales provincias de Chiriquí, Los Santos, Coclé y Herrera; además de la caribeña Colón.
Los dirigentes magisteriales afirman que no retornarán a las aulas hasta que tengan seguridad de que el Ejecutivo aplicará, a partir de enero de 2023, el 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al sistema de educación pública, el principal de sus reclamos.
El tema, junto al de los medicamentos, es evaluado este viernes en subcomisiones y la plenaria de la mesa única de diálogo establecida en el Centro Cristo Sembrador de Penonomé (Coclé) con la Iglesia Católica como facilitadora.
Uno de los voceros de los colectivos sociales, Luis Sánchez, también secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, aseveró que ningún educador puede irse para sus escuelas sin el documento de fin de huelga, texto que esperan se suscriba en estas jornadas.
Por su parte, la ministra de Educación, Maruja Gorday, ratificó el compromiso del Ejecutivo de hacer todo lo que concierne a esa cartera con el propósito que las escuelas reabran y comience un reestructurado curso lectivo, el próximo lunes 1 de agosto.
Transcurridas unas tres semanas de protestas, organizaciones como Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa solicitaron a los maestros que regresen a las aulas de los planteles públicos.
La Defensoría del Pueblo también instó de manera urgente a que tanto el gobierno como los gremios docentes establezcan los mecanismos necesarios que garanticen un pronto retorno a las aulas.
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