De acuerdo con el informe presentado al legislativo por el ministro de Economía y Finanzas(MEF), Héctor Alexander, el 42 por ciento de los 27 mil 162,9 millones de dólares (11 mil 514,5 millones de dólares) se integra a una estructura que beneficia el desarrollo de los servicios sociales.
Según la propuesta, a los servicios de salud se le asigna un 17 por ciento del presupuesto general (cuatro mil 565,8 millones de dólares); educación un 11 por ciento ( tres mil 84,9 millones); protección y seguridad dos mil 968,8 millones de dólares; y orden público y seguridad mil 704 millones o el 6,0 por ciento.
A la infraestructura serán destinados dos mil 119 millones de dólares, que representa el ocho por ciento del presupuesto; a vivienda y desarrollo comunal 789 millones de dólares; mientras a desarrollo y fomento a la producción 818 millones de dólares, según la iniciativa, que será valorada por el parlamento.
De acuerdo con Alexander, este presupuesto general representa un 6,4 por ciento más que estimado de 2022.
En especial los temas de medicamentos y la educación pública han acaparado la atención de las conversaciones de hace una semana entre el Gobierno y organizaciones populares que protagonizan manifestaciones y cierres viales contra el alto costo de la vida.
La víspera, la ministra de Educación, Maruja Gorday, ratificó el compromiso del Ejecutivo en esas pláticas en la provincia de Coclé donde se reclama que el 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto se destine al sistema de enseñanza, y aseveró que podría llegar a consensos para poder reiniciar las clases el lunes 1 de agosto.
La sugerencia de las organizaciones consiste en un incremento gradual del presupuesto en educación, que para la vigencia fiscal 2023 sea de 5,2 por ciento; para 2024 (5,5) y en 2025 alcanzar el 6,0 por ciento.
De otra parte los grupos en huelga exigen mayor transparencia en las finanzas, contención del gasto y un uso racional de los recursos públicos.
Los colectivos sociales y gremiales reclaman además que los fondos necesarios para sufragar nuevos subsidios y otras medidas para abaratar costo del combustible y los alimentos, cuyos altos precios fueron el detonante de las manifestaciones no provengan de más deuda pública.
En la propuesta de Presupuesto general de la nación para 2023,se prevén cuatro mil 515,1 millones de dólares para servicio de la deuda, que responden a las necesidades de los servicios requeridos por la pandemia de Covid-19 tanto en los años 2020, 2021 y lo que va de 2022, según el MEF.
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