Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá
La abogada y docente universitaria Jacqueline Hurtado señaló que el juicio, programado del 12 al 30 del noveno mes del año -pospuesto en julio por ausencias de letrados de la defensa debido a problemas de salud-, es una burla de la justicia a la ciudadanía que espera el desenlace, a cinco años de iniciada la investigación.
Sería una oportunidad de demostrar que el Órgano Judicial es imparcial o el comienzo de la transformación del sistema de justicia, aunque Hurtado considera que “ya hemos visto en otros juicios a enfermos mientras los juzgan y saltarines cuando los absuelven”.
El pasado 18 de julio, la jueza Baloisa Marquínez pospuso para septiembre la vista.
La letrada citó normas del Código Procesal Penal, indicó que la decisión respondía a la inasistencia de abogados de la defensa, algunos de manera injustificada, además de la negativa de algunos de los 62 imputados a contar con ese beneficio por parte del Estado y solicitar ser representados por privados.
La audiencia comenzó con trasmisiones en vivo por televisión, pero al tribunal llegaron varias excusas (algunas médicas) de abogados defensores, razón por la que Marquínez suspendió el acto y lo reprogramó para la fecha alterna.
Marquínez reiteró que acogerse a una fecha alterna del juicio solo es facultad que otorgan las leyes al Tribunal de Justicia y al juzgador, y no a los imputados ni a sus defensores.
También instó a los acusados aún sin contar con su representante legal, a que lo designen y presenten debidamente, un derecho que les asiste; pidió a los abogados que estudien con tiempo los dos mil 752 tomos (un millón 300 mil hojas) de la investigación iniciada en 2017 y los cargos imputados.
El proceso por corrupción más importante en la historia republicana del país apunta a los sobornos que la constructora brasileña pagó a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.
En declaraciones a Prensa Latina, Ruth Morcillo, quien encabeza el equipo del Ministerio Público, precisó que la Fiscalía solicitará llamamiento a juicio para 50 personas investigadas, incluyendo dos expresidentes de la República: Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Los dos hijos del primero (Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares) están encarcelados en Estados Unidos, luego de confesar haber blanqueado 28 millones de dólares en coimas a Odebrecht, siguiendo instrucciones -según ellos- de su padre, el exgobernante.
Ni Varela ni Martinelli aparecieron entonces en la sala de audiencias, y los abogados del segundo comentaron que su cliente no tiene que comparecer porque goza de fuero electoral penal como líder del partido Realizando Metas, en medio de comicios internos; este beneficio le fue retirado, por lo cual en septiembre deberá asistir al tribunal.
Analistas estiman vergonzoso que los dos hijos de Martinelli fueran juzgados a 36 meses de cárcel en Nueva York, mientras en Panamá a duras penas está por comenzar el proceso penal.
Además de las 50 personas naturales, hay una jurídica: Importadora Ricamar, que comercialmente opera la cadena de mercados Súper 99, propiedad de la multimillonaria familia Martinelli.
PANAMÁ LLEGA CON ATRASOS
De acuerdo con declaraciones de Hurtado al diario La Estrella de Panamá, el caso Odebrecht está resuelto en todo el continente, en cada país que participaron fueron sentenciados todos los culpables.
Ya ellos declararon todo el dinero que pasó por nuestra banca, nuestro país, y quiénes fueron los involucrados, hay panameños detenidos en otros países. Aquí no podemos tener un resultado muy diferente con tantas evidencias y pruebas de primera mano, fustigó.
Sobre este caso, la también vicepresidenta del Partido Popular recordó que el mundo sabe que todos los contratistas eran parte del esquema de corrupción establecido por la empresa en toda Latinoamérica, y Panamá no fue la excepción.
En su criterio los sucesivos gobiernos omitieron información a la opinión pública, y en estos momentos tan sensibles para el país consideró que todos los detalles deben ser conocidos por la ciudadanía, la cual hoy protesta, levanta su voz y quiere generar un cambio profundo en la sociedad.
Apoyó iniciativas ciudadanas en contra de todo aquel que robe los fondos públicos para beneficio propio y espera, luego de este juicio, queden tras las rejas todos aquellos que fueron parte de este saqueo al dinero del pueblo, sin importar qué alta posición haya tenido previamente.
Para la expresidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, la corrupción es un cáncer para los países y Panamá no escapa de esa realidad.
“Funcionarios enriquecidos a costa del dinero del pueblo panameño, nepotismo e impunidad. Odebrecht fue una gran universidad de corrupción, despilfarro y enriquecimiento ilícito. Este juicio debe tener un resultado que aliente a toda la ciudadanía a creer en el poder judicial y nuestro sistema”, remarcó.
PROCESO HISTÓRICO
Entrevistado por medios locales de prensa, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, catalogó este juicio por el caso Odebrecht como histórico.
Al respecto precisó que se busca sancionar y declarar responsables a todos aquellos enriquecidos con los fondos públicos y de los cargos ejercidos dentro del Estado.
Consideró que todavía faltan aspectos por revelar, pero eso no representa algo de qué enorgullecerse, muy por el contrario. Fue un esquema criminal donde muchas personas demostraron desprecio por el pueblo panameño, al ejecutar este delito contra la administración pública, agregó.
El exvocero del gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), quien realizó importantes reformas fiscales, del sistema bancario y de seguridad social, entre otros, manifestó que el caso Odebrecht pondrá a prueba a la justicia panameña.
En otras latitudes, presidentes, expresidentes y funcionarios terminaron en la cárcel y con la confiscación de los bienes mal habidos. Si Panamá no resuelve este caso, se irá desmoronando cada vez más la confianza ciudadana en el poder judicial y su función en un país democrático, razonó.
Según estudiosos, Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
arb/GA
