El legislador Freddy Díaz, imputado del ataque sexual en su oficina por una funcionaria de su despacho, puso fin a sus días de clandestinidad y no respondió cuando se le preguntó por qué no se puso a derecho en cuanto fue denunciado, la semana pasada.
El congresista del centro-derechista partido Alianza para el Progreso (APP), que lo expulsó de su bancada, al parecer esperó que transcurriera el plazo posterior al delito, en el que este se considera flagrante, dentro del cual hubiera sido detenido.
Ante escépticos reporteros, negó tajantemente la violación y dijo que en la investigación su inocencia será probada, que entregó a la Fiscalía su pasaporte para hacer evidente y descató fuga al extranjero.
Al salir del Ministerio Público, Díaz dijo que fue citado para declarar el miércoles, mientras el Poder Judicial informó que tratará dos días después el pedido de impedirle viajar fuera del territorio nacional.
Entretanto, la comisión de Ética del Parlamento se apresta a tratar el tema y parlamentarios de diversas tendencias piden que se le aplique la sanción máxima por infracciones éticas, suspensión por 120 días o sea simplemente expulsado del Congreso.
El caso ha motivado repulsa nacional y agravó el desprestigio y el rechazo popular al Parlamento.
Entretanto, en el Legislativo crece la demanda de que sea destituido o desaforado el vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera por un comentario machista sobre la denuncia contra Díaz.
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