En las jornadas recientes fueron perpetradas tres masacres, asesinados tres excombatientes en proceso de reincorporación, al menos cinco indígenas del pueblo Awá, entre ellos una lideresa en estado de gestación.
Esas apenas son unas cifras del largo sufrimiento de la población colombiana, sobre todo de las zonas rurales, controladas por grupos armados ilegales y donde el Estado tiene poca o nula presencia, al decir de numerosos expertos y líderes que denuncian el abandono estatal.
De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el gobierno de Iván Duque (desde el 7 de agosto, hasta ayer) murieron asesinados 957 líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos.
Asimismo, fueron ultimados en su mandato 261 firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación.
Grupos armados ilegales, incluso militares como el escandaloso hecho de Puerto Leguízamo en Putumayo este año, cometieron 313 masacres con saldo de mil 192 víctimas.
Indepaz precisó que, en el periodo citado, tuvieron lugar 220 casos de desaparición forzada y 555 secuestros, además de 29 mil 634 extorsiones y dos mil 366 amenazas.
Por otro lado, registra 446 eventos de confinamiento y 545 de desplazamiento forzado, causado por actores armados al margen de la ley.
En el gobierno de Duque fueron consumados 421 homicidios cometidos presuntamente por la Policía, 83 de ellos en el contexto de las movilizaciones del Paro Nacional de 2021 y 44 con probable autoría de la Fuerza Pública (incluye a militares) en el marco ese estallido social.
En ese escenario de protestas, Indepaz contabiliza 1747 casos de violencia física, 96 víctimas de violencia ocular, la mayoría jóvenes que perdieron total o parcialmente la visión y 35, de violencia sexual.
Los cinco departamentos más afectados por asesinato de líderes, firmantes y masacres son Cauca (340 hechos), Nariño (151), Valle del Cauca (117) y Putumayo (103 hechos).
Según Indepaz, los responsables materiales de los asesinatos, masacres, amenazas y desplazamiento forzado son en su mayoría grupos armados ilegales, entre los cuales se señalan en primer lugar, a los narcoparamilitares o sucesores del paramilitarismo.
También, son culpados por este tipo de hechos los grupos disidentes y residuales del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército de Pueblo, el Ejercito de Liberación Nacional y la fuerza pública.
«La responsabilidad material de los hechos violentos tiene detrás la autoría intelectual y la alianza cómplice, beneficiosa o de conveniencia de agentes económicos y políticos legales e ilegales», advierte Indepaz.
Al mismo tiempo, recalca que la responsabilidad política del gobierno de Iván Duque ha sido señalada en el Congreso de la República y en pronunciamientos de organismos internacionales, quienes se encuentran preocupados por la no implementación integral del Acuerdo de Paz.
Es un grave hecho el que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en cinco años no haya dotado al Estado de la política pública para el desmantelamiento de conductas y organizaciones que atentan contra la paz, enfatizó la organización no gubernamental.
Considera que el incumplimiento de los acuerdos en los temas de Reforma Rural Integral y política de drogas y sustitución de cultivos de uso ilícito, ha facilitado la recomposición de grupos armados, de mafias con conexiones en empresas lavadoras de activos y con agentes del Estado.
Puntualiza que, comparando 2017 y 2021, aumentó la tasa de homicidios en los municipios identificados como prioritarios para la inversión post acuerdo de paz en las zonas donde se implementan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y en los municipios con instauración del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.
«Esta situación está asociada al deterioro de indicadores sociales de bienestar de la población y muestra la precariedad de las políticas», recalca.
Añade que se promueve de muchas maneras la estigmatización de regiones, comunidades y liderazgos en los territorios por medio del discurso gubernamental y del partido de gobierno, que califica de ilegítimo al Acuerdo de paz y que ataca permanentemente a la justicia transicional y a los beneficios políticos para los excombatientes de las FARC-EP que están cumpliendo con los acuerdos y programas de reincorporación.
Todo ello transcurre en el escenario de varios conflictos armados focalizados en puntos determinados cuyas dinámicas están alimentadas principalmente por la captura mafiosa del Estado, por recursos extranjeros provenientes del narcotráfico y la apropiación de otras rentas o economías ilícitas.
Indepaz ofrece un conjunto de recomendaciones para revertir este fenómeno de violencia dentro de las que sobresale impulsar un gran diálogo nacional y el Acuerdo de Paz como instrumentos inmediatos para avanzar hacia esa paz total.
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