En el reinicio de las conversaciones en la provincia de Coclé, que desde el pasado 21 de julio tienen a la Iglesia católica como facilitadora, los colectivos manifestantes presentaron un pliego de 17 puntos sobre los altos costos de la electricidad y varias propuestas.
Entre los reclamos sobresalieron la creación de mecanismos para la regulación por el Estado de las ganancias de las distribuidoras y el fomento de la industria nacional dedicada a la generación y transmisión de electricidad, ahora en manos de monopolios privados.
Antes de comenzar los debates, Saúl Méndez, uno de los voceros de los movimientos populares, reveló que pese a llegar a algunos consensos en cuatro temas anteriores (canasta básica, combustibles, medicamentos y educación) se dieron casos de desabastecimientos de alimentos en mercados.
Méndez acusó a gremios empresariales privados de chantajear al Gobierno con no cumplir con los acuerdos de la mesa al sentirse excluidos en esta primera fase, acción que repudia la población, afirmó.
Por la alianza Pueblo Unido por la Vida, también el profesor William Hughes, explicó que como en otros sectores, en el de la energía eléctrica impactan consecuencias de un modelo económico basado en la llamada liberalización del mercado, que produce enorme concentración de riquezas y profunda desigualdad social.
Hughes recordó que la invasión militar de Estados Unidos en 1989 trajo también el marco regulatorio de la privatización y acusó al posterior gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) de fomentar ese modelo, destruir la Oficina de regulación de precios, modificar el Código de Trabajo y excluir el sistema de pensiones y jubilaciones especiales, entre otras arbitrariedades.
En la mesa también usó de la palabra a nombre del Ejecutivo, el secretario nacional de Energía, Jorge Rivera, quien adelantó aspectos sobre las propuestas presentadas por los grupos sociales, los cuales deberán evaluar para continuar las pláticas.
Rivera explicó sobre uno de los reclamos, la nacionalización de empresas mixtas, que ello requiere de reformas legislativas y la búsqueda por parte del Estado de recursos necesarios para asumir servicios de generación y trasmisión de la energía eléctrica.
También indicó que en noviembre de 2020, la administración de Laurentino Cortizo aprobó una agenda de transición energética e Innovación del Sistema que recoge muchas de las inquietudes y demandas de las agrupaciones, pero cuyos argumentos deberá sustentar por escrito.
Las pláticas en el Centro Cristo Sembrador de la ciudad de Penonomé, debatirán además otros temas como la crisis de la Caja de Seguro, lucha anticorrupción y el establecimiento de una mesa intersectorial para dar seguimiento a los acuerdos.
De otra parte, en la jornada el jefe de Estado confirmó la aprobación de normativas para enfrentar el desabastecimiento y garantizar medicinas accesibles, confiables y seguras para la población.
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