A 24 meses de la catástrofe, familiares de los afectados denuncian la falta de avances en la vía judicial y solicitan a las autoridades libanesas eliminar todos los obstáculos que impiden una investigación imparcial, exhaustiva y transparente.
El 4 de agosto de 2020 parecía que ya Líbano escribía una página triste con la propagación de la pandemia de la Covid-19, pero pasadas las 18:00, hora local, la capital sufrió una de las explosiones no nucleares más grandes jamás registradas en la historia.
La ignición de más de dos mil toneladas de nitrato de amonio mal almacenadas por seis años en el puerto beirutí sorprendió a transeúntes, destruyó parcial o totalmente negocios, hogares, edificios, centros comerciales, dejó sin empleo a cientos de libaneses y provocó secuelas psicológicas por el trauma vivido.
Dos años después, los hechos se reviven con un duelo profundo entre los familiares de los afectados, y la interferencia política, la inmunidad de funcionarios de alto nivel y el irrespeto a las más de 200 víctimas no permiten que el luto termine.
En medio de este escenario, la semana pasada comenzó el derrumbe de los silos del puerto como consecuencia de la fermentación del trigo en el lugar y con ello la amenaza de borrar el único símbolo en pie de la tragedia, visibles por su altura desde buena parte de la capital.
#Líbano | @Pontifex_es: "Rezo para que cada uno sea consolado por la fe y reconfortado por la justicia y la verdad, que nunca pueden ser ocultadas".
Vía: @vaticannews_es @PrensaLatina_cu @LuisEnr33483555 @wafyibrahim @almayadeen_es pic.twitter.com/zrfyZWQMQT— Prensa Latina – Líbano (@LBPrensaLatina) August 3, 2022
Desde el exterior, el papa Francisco pidió consuelo para el pueblo libanés, al sentenciar que “la justicia y la verdad nunca se pueden ocultar».
Al mismo tiempo, el Grupo Internacional de Apoyo a Líbano insistió en que los familiares de las víctimas y el pueblo merecen conocer la verdad sin más dilación.
El objetivo es restaurar la credibilidad de las instituciones estatales, garantizar el respeto al estado de derecho, establecer los principios de responsabilidad y poner fin al fenómeno de la impunidad.
La explosión del Puerto de Beirut sucedió meses después de la revuelta popular de octubre de 2019 para acentuar la peor crisis económica y financiera de Líbano, que arrastra hoy a cuatro de cada cinco ciudadanos a la pobreza.
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