En el quinto tema de la agenda- antes debatieron sobre canasta básica, combustible, medicamentos y educación-, los representantes de las colectivos en protesta contra el alto costo de la vida propusieron reducir el 45 por ciento de la tarifa eléctrica, sin subsidio; y que el resto de los puntos se discutieran en una subcomisión.
La moción fue rechazada por representantes gubernamentales, quienes señalaron que sería “irresponsable” avalar la propuesta, ante contratos y normas con más de 26 años que tiene el sistema eléctrico nacional y que deben respetar.
Ante esta negativa, los representantes de los grupos sociales lamentaron que no hubiese una respuesta clara y no se quiera afectar a los grupos oligopólicos, frente a los cuales el Gobierno todo lo quiere resolver con subsidio, que al final sale del mismo bolsillo de los panameños.
Insistieron además en que el Ejecutivo tiene la responsabilidad por Constitución de intervenir en estos casos y la capacidad para buscar una solución, pero requiere de voluntad política.
Los colectivos también plantearon nacionalizar cuatro empresas mixtas, privatizadas en 1990, en alusión a las hidroeléctricas de la Fortuna, Estrella, Los Valles (provincia de Chiriquí) y Bayano (Panamá este) a la Empresa de Generación Eléctrica (Egesa).
De su parte, el secretario nacional de Energía, Jorge Rivera, explicó que la propuesta del Gobierno es que en estos momentos, la rebaja que hay para los clientes de todo el país, la cual es del 71 por ciento está por encima de esos 45 por ciento, en un 51 por ciento vía subsidio del Estado.
Rivera agregó que, para poder incidir en el precio de la tarifa eléctrica, en la actual coyuntura, la herramienta que hay disponible, no solo en Panamá, sino a nivel global, es la utilización de recursos públicos.
A las pláticas sobre este tema la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, Bastión del Oriente Chiricano-Pueblos Originarios y Campesinos y la Alianza Pueblo Unido por la Vida presentaron una propuesta de 18 puntos.
Hasta el momento solo hay consenso en que el Estado garantice el suministro fluido de electricidad, sin interrupciones ni fluctuaciones y racionar el consumo de electricidad en las instituciones públicas.
Estas negociaciones en la provincia de Coclé con la Iglesia católica como facilitadora, todavía deben atender ejes temáticos como la crisis en la Caja de Seguro Social, la transparencia y lucha contra la corrupción, y la instalación de una mesa intersectorial que atienda otros asuntos, entre ellos empleo y vivienda digna.
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