Tras dos semanas de debates en la provincia de Coclé, los colectivos populares y una comisión del Ejecutivo acordaron avanzar en el sexto tema de la agenda sobre la Caja de Seguro Social y dejar en pausa el alto costo de la energía, luego de profundas diferencias.
Las vías para la rebaja de la tarifa eléctrica llegaron a poner en duda la continuidad de las pláticas que tienen a la Iglesia católica como facilitadora y una agenda de ocho temas priorizados.
Los colectivos y una comisión de alto nivel del Ejecutivo antes evaluaron reclamos para bajar el costo a la canasta básica familiar, los combustibles, medicamentos y educación.
Sobre los altos precios de la electricidad, las agrupaciones populares propusieron reducir el 45 por ciento de la tarifa eléctrica, pero sin acudir a los subsidios, como ha sido hasta ahora.
La moción fue rechazada por representantes gubernamentales, quienes señalaron que sería “irresponsable” avalar la propuesta, ante contratos y normas con más de 26 años que tiene el sistema eléctrico nacional y que deben respetar.
Ante esta negativa, los representantes de los grupos sociales lamentaron que no hubiese una respuesta clara y no se quiera afectar a los grupos oligopólicos, frente a los cuales el Gobierno todo lo quiere resolver con subsidio, que al final sale del mismo bolsillo de los panameños.
Los colectivos también plantearon nacionalizar cuatro empresas mixtas, privatizadas en 1990, en alusión a las hidroeléctricas de la Fortuna, Estrella, Los Valles (provincia de Chiriquí) y Bayano (Panamá este) a la Empresa de Generación Eléctrica (Egesa).
Hasta la fecha solo hubo consenso en que el Estado garantice el suministro fluido de electricidad, sin interrupciones ni fluctuaciones y racionar el consumo de electricidad en las instituciones públicas.
En las pláticas todavía están pendientes asuntos como la crisis en la Caja de Seguro Social, la transparencia y lucha contra la corrupción, y la instalación de una mesa intersectorial que atienda otras demandas, entre ellas empleo y vivienda digna.
En la semana, tras conseguir avances en la mesa de diálogo como la asignación de manera escalonada hasta el 2024 del seis por ciento del Producto Interno Bruto al sistema de educación pública, los maestros de diversas regiones finalizaron una huelga y retornaron a las aulas.
Según la ministra de Educación, Maruja Gorday, con la reincorporación de los docentes, se retoma un curso lectivo reestructurado hasta finales de diciembre de este año, y que impacta en el 80 por ciento de los más de 840 mil alumnos de unos tres mil planteles.
También en los últimos siete días, el Tribunal Electoral (TE) inició la revisión de la documentación presentada por mil 696 precandidatos por libre postulación de cara a comicios generales de 2024.
Desde el 15 de agosto próximo y hasta el 31 de julio de 2023 comenzará la recolección de firmas de apoyo a los aspirantes independientes a un cargo de elección popular, que deberán reunir mínimo el dos por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta de 2019.
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