Las conversaciones con el Gobierno instaladas desde el 21 de julio en la central provincia de Coclé, con la Iglesia católica como facilitadora, avanzó en cinco de ocho temas priorizados, pero se estancó en el análisis de la situación de la Caja de Seguro Social(CSS).
Las partes consensuaron una pausa hasta el 11 de agosto debido a diferencias sobre las vías para debatir sobre seguridad social, aunque los colectivos populares aseguran que la vigilia que realizarán exigirá además se cumplan acuerdos en puntos anteriores como el control de precios de la canasta básica familiar, combustibles, y medicamentos.
Representantes de la comarca Ngäbe Bugle y campesinos de la provincia de Chiriquí, la Asociación de Educadores Veragüenses y la alianza Pueblo Unido por la Vida, entre otros grupos que protagonizaron protestas y cierres viales por casi un mes, informaron que entre las nuevas acciones retomarán mitines y marchas en varios puntos del istmo.
“La sociedad panameña necesita una respuesta contundente ante la crisis social, porque hay varios temas pendientes”, indicaron.
Los colectivos populares propusieron la víspera al Ejecutivo una nueva mesa única para debatir la crisis de la CSS y cuestionaron la legitimidad de un Diálogo Nacional convocado sobre el mismo asunto en 2020 por el presidente Laurentino Cortizo, ahora en pausa, a la espera de un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Las alianzas propusieron crear una mesa única con otros sectores y otro facilitador -proponen a la Iglesia católica, que se encarga de las pláticas de Penonomé- que analizaría, incluso, el tipo de insumos para hacer los análisis.
Por su parte, el representante gubernamental, Edwin Salamín, aseveró que en los próximos días, la OIT entregará un informe preliminar sobre los análisis financieros y actuariales con miras a buscar una solución a la crisis que atraviesa el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM), de la CSS.
El informe, según Salamín, se contrató por 178 mil dólares , pagados por el Estado, no por esa entidad.
El debate sobre el IVM, relegado durante años por el costo político que implicaría tomar medidas para salvar las jubilaciones, fue convocado con la premisa de buscar soluciones que no afectaran las llamadas “medidas paramétricas”: la edad de jubilación (57 años las mujeres y 62 los hombres) o el monto de la cuota obrero-patronal (13, 5 por ciento).
Datos de la propia CSS detallan que para 2024 harán falta 884 millones de dólares para pagar las pensiones de los jubilados. Es decir, una crisis inminente, en medio de la transición de Gobierno.
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