Ese delito es uno de los pocos por los que un presidente en actividad puede ser enjuiciado y el informe recomienda al Congreso, por lo pronto, inhabilitar al mandatario por cinco años para el ejercicio de funciones públicas, por lo cual dejaría el cargo.
Según los impulsores de la acusación, el procedimiento solo requiere de mayoría simple, con la que cuentan, como una especie de atajo al retiro de Castillo, ante la imposibilidad de la vacancia intentada dos veces por no alcanzar los dos tercios de los votos de los congresistas.
El caso fue denunciado por un grupo de abogados y políticos derechistas, uno de los cuales, Fernán Altuve, festejó en una entrevista televisiva el informe y el hecho de que logrará finalmente el objetivo opositor de desalojar del Palacio de Gobierno a Castillo.
El informe sostiene que Castillo, en una entrevista periodística, ante una pregunta sobre el otorgamiento de una salida al mar para Bolivia, respondió que eso tendría que consultarlo al pueblo peruano.
Tal declaración pone “en riesgo la integridad y soberanía territorial del Estado, pese a estar obligado a protegerlo y hacerlo respetar”, lo cual constituye, según el texto, traición a la patria, pese a que Castillo ha negado la posibilidad de ceder territorio al país vecino.
El informe fue presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por uno de sus integrantes, Wilson Soto, encargado de elaborarlo y el grupo de trabajo debatirá y votará el documento en fecha aún sin precisar, para trasladarlo a la Comisión Permanente del Legislativo y de ahí al pleno congresal.
Recomienda adicionalmente acusar en los tribunales a castillo por el delito de traición a la patria “en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado peruano”.
La validez de la acusación es objeto de controversia jurídica y política incluso entre opositores al gobierno, como el excongresista José García Belaúnde, quien tras la denuncia inicial declaró que el delito de traición a la patria solo es imputable por decisiones o acciones concretas y no por declaraciones periodísticas. ro/mrs
