La legislación proporciona 10 mil millones de dólares para invertir en centros tecnológicos regionales en todo el país, y un crédito fiscal de inversión del 25 por ciento para gastos de fabricación de semiconductores y equipos relacionados.
Adicionalmente, autoriza aproximadamente 100 mil millones de dólares en gastos durante cinco años en investigación científica, incluidos más de 80 mil millones para la Fundación Nacional de Ciencias.
La normativa, denominada CHIPS and Science Act, dispone exenciones fiscales a empresas que construyan plantas de fabricación de chips informáticos en ese territorio.
Estados Unidos solo produce aproximadamente el 10 por ciento del suministro mundial de semiconductores, frente a casi el 40 por ciento logrado en 1990.
La fabricación de dicho componentes, clave para la obtención de disímiles bienes como automóviles y teléfonos móviles, se concentra fundamentalmente en Asia.
A juicio de analistas, el propósito de la ley es justamente contrarrestar la dependencia de la nación de mercados foráneos, especialmente de China.
Este proyecto de ley fue apoyado tanto por el partido demócrata como por el republicano.
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