La medida apunta a retirar a Castillo del cargo con mayor facilidad inhabilitándolo por cinco años para el ejercicio de funciones públicas, tras fracasar dos intentos de vacancia (destitución) del mandatario, por no alcanzar el número de votos requerido.
Según Boluarte, “sería un escándalo que a un presidente se le vaque por un informe que no tiene sustento constitucional ni legal” que, además, carece de aberración jurídica.
Boluarte está sometida también a un procedimiento de inhabilitación judicial por una infracción administrativa como ministra de Inclusión Social, para que no asuma la presidencia en caso de que se destituya a Castillo, de tal manera que el Congreso opositor escoja entre sus miembros a un nuevo jefe de Estado.
“Es un insulto a la democracia”, declaró a su vez sobre el informe el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, quien demandó el retiro del informe que incrimina al mandatario.
Para el titular de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, la pretensión de inhabilitar a Castillo es “un atentado contra el Estado de derecho que pretende vacar al presidente elegido por todos los peruanos, en base a declaraciones periodísticas”.
Se refirió así a la supuesta prueba de traición a la patria, una declaración en la que, ante una pregunta sobre el otorgamiento de una salida al mar para Bolivia, el mandatario respondió que él tendría que consultarlo al pueblo.
Esa declaración, que, según los denunciantes, puede poner el riesgo la integridad territorial peruana, “no genera obligación alguna para el Estado, ni mucho menos constituye delito, ni infracción constitucional”, dijo Sánchez.
La congresista Kelly Portolatino, del Partido Perú Libre (PPL), aliado del Gobierno, comentó que el informe confirma que “el golpismo está en todo su esplendor” y es una muestra de la desesperación por sacar del Palacio de Gobierno a Castillo.
Es un informe “abiertamente mediocre y golpista”, declaró la legisladora progresista Ruth Luque, y añadió que es una maniobra de la oposición “para ingresar por la puerta falsa al poder”.
Añadió que las declaraciones usadas para acusar a Castillo de traición a la patria no prueban el citado delito, debido a que “no se ha concretizado absolutamente nada”.
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