La fiscal Magaly Ramírez, acompañada por la Policía, solo pudo verificar que está deshabitada la vivienda rural, ubicada en la localidad de Chugar, del municipio cajamarquino de Anguía.
El inmueble fue registrado y los agentes se llevaron material informático y otros objetos de posible interés para la investigación a una presunta organización criminal dedicada a beneficiar a determinadas empresas con contratos, de la cual sería jefe el presidente Castillo, según la hipótesis de la indagación.
La Fiscalía registró ayer la residencia presidencial, parte del Palacio de Gobierno, sin encontrar a la joven, y la prensa opositora cita trascendidos del Ministerio Público sobre la posibilidad que se oculte en la sede o se haya fugado.
El presidente condenó anoche el allanamiento y señaló su coincidencia con la difusión del informe parlamentario que recomienda al pleno la inhabilitación del mandatario por cinco años por una supuesta traición a la patria.
En un mensaje televisivo, el gobernante denunció una confabulación entre la Fiscalía de la Nación y sectores del Congreso de la República y los medios de comunicación “para desestabilizar el orden democrático” y despojarlo del cargo para el que fue elegido,
Reporteros informaron desde Anguía que hoy también fue allanada la casa del alcalde lugareño, José Medina, detenido ayer en Lima por la misma investigación, al igual que tres empresarios presuntamente involucrados.
Entretanto, el abogado principal del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, calificó como inédita, insólita, desproporcionada, irracional e ilegal, la orden judicial de allanamiento de la residencia presidencial.
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