Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá
La medida, sin hacer alusión al trasfondo, intentó ofrecer una solución temporal para apenas uno de la decena de reclamos de organizaciones sociales que se manifestaron en las calles casi un mes contra el alto costo de la vida.
De acuerdo con el mandatario, la medida entra en vigor el 15 de agosto por seis meses, prorrogable; además precisó que a los jubilados se les mantiene de manera adicional el 20 por ciento de descuento en la compra de los remedios.
“Hoy es un día histórico porque esta es una noticia muy importante para el país, para todos los panameños porque los gremios de la salud, sector privado, asociaciones de pacientes y el Gobierno Nacional han llegado a un consenso”, dijo Cortizo, y minutos después se publicaba el listado en comunicados oficiales.
El tema de los medicamentos fue aplazado en las negociaciones instaladas el pasado 21 de julio en la central provincia de Coclé debido a demandas de colectivos en huelga, que reclamaron le entregaran al pueblo el listado de fármacos cuyo precios serían rebajados y los controles pertinentes.
Al respecto, el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo admitió que la solución es un paliativo como consecuencia de una demanda real.
Comentó que aunque es una medida prorrogable, se busca dejar políticas concretas y permanentes para resolver el abastecimiento de medicamentos en el sector público y que los precios estén más baratos para la población en las farmacias.
Panamá tiene 610 medicamentos básicos y hay un desabastecimiento de 130 de ellos en la seguridad social desde el pasado marzo, además de ser uno de los países de la región con los más altos precios en las medicinas.
La Caja de Seguro Social reconoció que los medicamentos son un problema de arrastre y que el 80 por ciento de los asegurados se quejan de la falta de fármacos.
EXPERTOS OPINAN
En declaraciones al diario La Estrella de Panamá, varios expertos reflexionaron sobre las vías para el encarecimiento del precio de los medicamentos, y señalaron a la cadena de comercialización y el contrato de confidencialidad que los laboratorios fabricantes obligan a firmar a los distribuidores para esconder sus ganancias.
La investigación del rotativo apunta a los laboratorios fabricantes, entre ellos Bayer, Sandoz, Mega Labs, Sanofi, Unilever, Abbott, Pfizer y Merck, que imponen los precios de los medicamentos a las casas distribuidoras, las cuales a su vez los venden a las farmacias privadas y al Estado con exorbitantes márgenes de ganancias, a juicio de organizaciones sociales.
Los grandes laboratorios exigen a los distribuidores la firma de un contrato de confidencialidad que impide divulgar los precios a los que son adquiridos los medicamentos, lo cual es similar a los firmados por Panamá con los laboratorios fabricantes de la vacuna contra la Covid-19.
De violar este principio, los distribuidores se exponen a perder el negocio con los fabricantes, que pudieran negarse a vender los medicamentos.
De otra parte, Panamá es un pequeño mercado para los laboratorios extranjeros que fabrican los medicamentos para el mundo entero. Un pedazo del pastel prácticamente insignificante que pueden dejar de abastecer si lo consideraran no rentable para sus intereses, según otros estudiosos.
Para Rosa Buitrago, decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, la nación canalera cuenta con menos de una decena de laboratorios fabricantes, por lo cual depende casi totalmente de la importación a fin de cubrir la demanda.
Todo ello establece importantes diferencias en los precios de medicamentos, sentenció.
En Panamá el mercado de la venta de medicamentos tiene dos mundos: las farmacias privadas y el gobierno. En este último, los mejores clientes son la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Oncológico.
La CSS adquiere medicamentos a través de las denominadas licitaciones de precios únicos.
Otros expertos como el exsubdirector de la CSS, Francisco Bustamante, coinciden en que los grandes laboratorios internacionales son quienes imponen los precios de los medicamentos a Panamá, lo que influye en el alto costo del mercado local en comparación con otros países.
El debate también llegó a la Asamblea Nacional (parlamento) con la discusión del proyecto que modifica la Ley 1 de 2001 sobre adquisición de medicamentos, aún sin una respuesta definitiva.
CINCO OLIGOPOLIOS DECIDEN
Lo que nadie menciona en los anuncios del Ejecutivo o en las consideraciones de especialistas, es la denuncia hecha por la economista Maribel Gordón, que como técnica auxilió a la alianza Pueblo Unido por la Vida en la mesa de diálogo en la ciudad de Penonomé.
En su intervención sobre el tema, la académica hurgó en una de las causas que conllevan a que en Panamá los medicamentos sean seis veces más caros que en América Latina, y fue tajante: la existencia de una mafia farmacéutica a la que hay que imponer márgenes en sus ganancias.
Gordón reveló que los panameños destinan el 10 por ciento de sus ingresos -unos 400 millones de dólares- en la compra de medicinas caras en farmacias privadas debido al desabastecimiento en la CSS.
Hay un mercado de monopolios y oligopolios farmacéuticos con abismales ganancias, con una «mafia local» que controla la cadena de distribución, remarcó.
Unos 38 laboratorios le venden medicamentos a Panamá y de esos 15 ejercen el dominio, explicó la excandidata presidencial en 2019 por el partido de izquierda Frente Amplio por la Democracia (FAD).
Según las evidencias presentadas, existen 20 compañías distribuidoras; de estas, cinco empresas controlan el 75 por ciento de los medicamentos que entran al istmo, y una sola domina el 40 por ciento en un país donde existen 700 farmacias.
La economista precisó que en esa coalición de distribuidoras sobresale la compañía Astor, del grupo Arrocha. Le siguen Grupo CG de Hasseth, Impa Doel (de Galindo-Navarro), Droguería Ramón González Revilla y Reprico (Manuel Ferrer Morgan).
Al respecto, Gordón cuestionó por qué se protegen los intereses de esas cinco empresas por encima de las necesidades de la población que paga hasta 300 por ciento más por un medicamento.
También dijo que el 57 por ciento del desabastecimiento de medicinas en la CSS son ajenas a la institución y denunció que eso genera compras directas que traen consigo un círculo de negociados y corrupción.
En la sala del Centro Cristo Sembrador de Penonomé, donde transcurren las conversaciones, todavía retumba una frase del profesor William Hughes, otro de los voceros de las alianzas populares: “No les decimos a los empresarios que no ganen, les estamos diciendo que no nos roben”.
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