El magistrado Ronald Soto impuso esa pena por el delito cometido por Elera como supervisor de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad piurana de Pacaipampa.
El delito de colusión -acuerdo con la empresa constructora para permitirle incumplimientos- lo cometió el sentenciado en 2012, cuando no era congresista, por lo que no lo protege la inmunidad parlamentaria.
Tras conocerse la inminente condena. Elera renunció a la tercera vicepresidencia del Congreso de la República pero no a su condición de legislador.
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