Las protestas se extendieron por varias provincias en demanda que el Ejecutivo acate y vele por el abastecimiento y reducción de precios de unos 72 productos de la canasta básica familiar, el acceso a combustible subsidiado de otros actores como pescadores y agricultores; y la disponibilidad de medicamentos baratos.
Gremios diversos de constructores, maestros, indígenas, campesinos y estudiantes universitarios protagonizaron cierres parciales de avenidas y mitines para reclamar también la rebaja de la tarifa eléctrica y mejoras al sector educativo.
Sobre las conversaciones iniciadas el pasado 21 de julio con la Iglesia católica como facilitadora, uno de los voceros de los colectivos, Saúl Méndez, precisó que el pueblo retornó a las calles para exigir las respuestas concretas a sus necesidades, las cuales el Ejecutivo evade en estas pláticas.
Además denunció que los empresarios privados chantajean y amenazan con el desabastecimiento de los mercados y se ha evidenciado incluso acaparamiento de arroz, lo cual debe ser penalizado.
El diálogo, que aborda a duras penas el tema de la Caja de Seguro Social(CSS), se ha visto frenado por denuncias sobre irregularidades en acuerdos anteriores sobre alimentos, combustibles, medicamentos y tarifa eléctrica.
Otro de los líderes de los gremios, Fernando Castañeda, de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS, dijo que cómo podemos continuar si en la Asamblea Nacional (parlamento) hemos escuchado que se aprobaron 123 millones de dólares más para su presupuesto, pero no se ha dicho nada del porcentaje del producto interno bruto para la educación.
También dijo que «queremos hablar de la seguridad social pero el único tema de salud que se ha tocado es el de medicamentos y se hizo en una comisión donde sí están los empresarios, pero resulta que las pequeñas farmacias aseguran que desaparecerán».
Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Marco Andrade, aseveró que un escenario similar creó el Gobierno en 2005, pero trajo las actuales irregularidades, despilfarro y mala gestión del único organismo de servicio público de salud existente y del cual depende la manutención de jubilados y pensionados.
Andrade solicitó al Ejecutivo que entregara los informes y datos ofrecidos por el Ejecutivo a la Organización Internacional del Trabajo -que le niegan a los sindicatos-, de cuyos resultados en auditoría depende se tomen decisiones en relación con uno de los programas claves: el de Invalidez, Vejez y Muerte.
En los últimos siete días la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional una resolución que avalaba el fuero electoral en beneficio del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado en un proceso por blanqueo de capitales.
De esta manera, el gobernante podría enfrentar el juicio por el caso New Business, investigación que data de 2017 sobre la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
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