El fiscal del caso, Hans Aguirre, pretendía verificar si estaba en la sede la hija putativa del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, cuando el pasado martes un fiscal y agentes policiales incursionaron en la residencia presidencial para detenerla por una investigación por presunta corrupción, sin encontrarla.
La joven se entregó al día siguiente al Ministerio Público y el juez que monitorea las pesquisas, Raúl Justiniano, declaró improcedente el pedido de allanar e incautar los equipos de video-vigilancia de la residencia presidencial para determinar si la joven estaba allí durante el registro.
El magistrado argumentó que la orden de allanamiento ejecutada 9 de agosto no incluía permiso para esa incautación y los hechos investigados no abarcan la fecha de esa operación.
En su alegato, el fiscal planteó que el acceso a la residencia presidencial le fue negado durante más de una hora, pues Castillo había ordenado que no se permita el allanamiento hasta que lleguen sus abogados y sean testigos de la operación.
El abogado principal del presidente, Benji Espinoza, señaló que la verificación de los registros de video es imposible porque guardan secretos de Estado y además, la Fiscalía solo tenía orden de registrar el sector de la residencia y no encontró a Yenifer Paredes, quien en definitiva ya se ha entregado.
Entretanto, el jefe de Estado continuó esta campaña sus contactos con organizaciones sociales del país y pueblos del interior, en las que recibe expresiones de respaldo frente a cinco investigaciones que le abrió la Fiscalía, e hizo una visita a la región central de Huánuco.
En esa visita señaló que sus detractores políticos, que lo atacan desde que asumió el cargo, no tienen autoridad para acusarlo porque están enlodados por la corrupción bajo gobiernos anteriores, que costó al país cada año 23 mil millones de soles (cerca de seis mil millones de dólares).
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