Uno de los voceros de la alianza Pueblo Unido por la Vida, Jorge Guzmán, explicó a Prensa Latina que luego de decenas de denuncias evidenciadas de hechos asociados a lo calificado como Estado corrupto, lograron este paso para conformar lo que para los colectivos significa la Comisión de la Verdad.
Ese equipo debe lograr investigaciones y procesos penales para todos los responsables con hechos de corrupción del pasado y del presente y los movimientos populares estarán vigilantes de que ello se cumpla, precisó.
Guzmán indicó además de que demandarán de que retorne al Estado todo lo robado al erario público y se indemnice de los daños a personas e instituciones afectadas.
También precisó que lo acordado en la central provincia de Coclé mediante un acta deberá tener el correspondiente respaldo mediante Decreto ejecutivo y la promulgación de leyes y normas al respecto.
«La comisión nacional ciudadana de lucha contra la corrupción es un hecho histórico en Panamá, como resultado de las protestas de las organizaciones diversas y sus reclamos de justicia social», remarcó.
El ente estaría formado por representantes de la alianza Pueblo Unido, Bastión Oriente Chiricano, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
De acuerdo con el consenso, la principal función de la comisión será denunciar ante las autoridades competentes posibles actos de corrupción dentro del sector gubernamental.
En las conversaciones iniciadas hace un mes con la Iglesia católica como facilitadora en su sede de la ciudad de Penonomé, resurgieron denuncias sobre desabastecimiento en los mercados de alimentos como el arroz, entre los 72 productos de la canasta básica familiar, uno de los primeros acuerdos.
La mesa única del diálogo, instalada el pasado 21 de julio tras protestas y cierres viales abordó siete temas: canasta básica, combustible, energía eléctrica, educación, medicamentos, Caja de Seguro Social y corrupción.
Las pláticas deberán entrar a una segunda fase en la que se involucraría a otros actores del sector empresarial privado y productivo, pero sin una fecha definida.
oda/ga
