El portal G1 indicó que la vicefiscal general de la República, Lindôra Araújo, determinó que el área técnica de la procuraduría haga un examen sobre los videos de la reunión y se acopie información disponible al respecto.
Araújo quiere evaluar, por ejemplo, si, a partir de datos oficiales, es posible constatar que el evento fue emitido en vivo.
Tal transmisión podría caracterizar que el discurso de Bolsonaro llegó a la población y no se limitó a los presentes en la sala.
La TV Brasil, controlada por el Gobierno federal, pasó en vivo la intervención del exmilitar.
El encuentro tuvo lugar el 18 de julio. Por invitación del gobernante, unos 40 embajadores extranjeros acreditados en Brasilia fueron a la residencia oficial del Palacio de la Alvorada para escucharlo discurrir sobre el proceso electivo.
Sin pruebas, el excapitán del Ejército repitió sospechas ya desmentidas por autoridades oficiales sobre la seguridad de las urnas electrónicas y la votación.
La arenga de Bolsonaro generó reacciones en la sociedad civil que se movió para realizar actos en defensa de la democracia.
Partidos y parlamentarios opositores activaron el Supremo Tribunal Federal (STF) para que el mandatario de tendencia ultraderechista sea procesado por una serie de crímenes.
Entre ellos, los de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, incitación de animosidad de las Fuerzas Armadas contra los poderes constitucionales y crimen de responsabilidad.
La apertura de la investigación preliminar se comunicó además a la Corte Suprema y la Fiscalía se manifestó tras la ministra Rosa Weber, del STF, enviar la demanda de la oposición.
Actualmente, Bolsonaro enfrenta otra indagación, en trámite en el STF, por divulgar informaciones referentes a una exploración policial secreta en 2021.
En agosto de ese año dio a conocer en redes sociales el texto completo de una pesquisa de la Policía Federal sobre un supuesto ataque al sistema interno del Tribunal Superior Electoral en 2018 -y que, según la propia corte, no supuso ningún riesgo para las elecciones.
Por ley, todo funcionario público tiene la obligación de proteger la información confidencial.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva encabeza hasta la fecha todos los sondeos de opinión hacia el sufragio del 2 de octubre, en el que pretenderá reelegirse Bolsonaro.
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