Los voceros de los diferentes grupos arremetieron contra el discurso del viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, quien insistió en que el Ejecutivo opta por una segunda fase de estas conversaciones en la que se incluyan otros sectores productivos.
Los ánimos se caldearon sobre todo cuando el funcionario aseveró que las propuestas entregadas por los colectivos ponían en riesgo la estabilidad de los micro y pequeños productores nacionales, y que ellos traían instrucciones del jefe de Estado, Laurentino Cortizo, de en ninguna circunstancia afectar a ese sector.
Asimismo, planteó que los disensos deberían pasar a las comisiones técnicas como una de seguridad alimentaria y otra sobre canasta básica familiar saludable.
A nombre de los colectivos, el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, denunció que Rognoni mentía de manera descarada ante la opinión pública y el pueblo- en el contexto de estas pláticas que son trasmitidas en directo por radio y televisión.
Méndez insistió en que el funcionario al intentar desconocer los acuerdos suscritos y exigir ir a una segunda fase para poder trabajar también miente, porque aseveró los que no trabajan desde que llegaron al poder en 2019 es el actual Gobierno, responsable de la desigualdad y la pobreza en la que vive la mayoría de los panameños.
Las argucias del Viceministro están dirigidas a ponerle punto final al diálogo sin que hayamos discutido todos su puntos, remarcó.
Otros voceros como Pastor Falconet, de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), recordó que fueron los movimientos populares y no el Ejecutivo los que pelearon en las calles para que en la agenda de estas pláticas se incluyera el punto de la canasta básica familiar y la rebaja de los precios de alimentos, sin afectar al productor nacional.
Otros líderes como los de la comarca originaria Ngabe Bugle y del sector campesino del oriente de la provincia de Chiriquí señalaron que la propuesta del Gobierno de llevar productos a su territorio mediante ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario es insuficiente y en la práctica no resuelve los crecientes problemas de alimentación.
Las autoridades originarias manifestaron que quedó clara la postura negativa e incapacidad del Estado para enfrentar los intereses de las grandes empresas y de legislar en favor del pueblo.
Otros dirigentes populares, como Eduardo Gil, de Convergencia Sindical, y el doctor Fernando Castañeda, recordaron que tras más de un mes de conversaciones con la Iglesia católica como facilitadora, el tema de la canasta básica sigue sin cerrarse.
Al respecto recordaron que lo que el pueblo está esperando son respuestas concretas y no más merodeos, y en ese sentido instaron al Ejecutivo a rectificar su posición y buscar alternativas para cumplir compromisos contraídos sobre el suministro estable de 72 productos subsidiados en los mercados y tiendas de todo el país.
jha/ga
