Con el ánimo de avanzar hacia una segunda fase de estas conversaciones en la que participarían otros actores sociales, los colectivos aseveraron que se trata de darle seguimiento con equipos intersectoriales a puntos acordados en las negociaciones iniciadas el pasado 19 de julio en la central provincia de Coclé.
A saber, una de las comisiones atenderá los asuntos legales para incorporar al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en mecanismos financieros existentes en el istmo y que responda a la deuda que tiene la institución con los productores nacionales.
Otro equipo elaborará una sola canasta básica familiar saludable, con recomendaciones del Ministerio de Salud, mientras se creará una comisión permanente de seguridad alimentaria y otra que atienda la discusión de una iniciativa para reformar la Ley 45 de 2007, sobre protección al consumidor y defensa de la competencia.
Uno de los voceros de los gremios, Jorge Guzmán, explicó a Prensa Latina que junto a los representantes del Gobierno, en cada comisión participarán tres representantes por las alianzas que protestaron en julio último contra el alto costo de la vida, además de sus asesores técnicos.
Por su parte, el líder sindical, Saúl Méndez, indicó que persistirán hasta lograr que se cumplan acuerdos del primer punto de la mesa sobre la rebaja y acceso a 72 productos de la canasta básica familiar en todos los mercados del país, algo que la víspera, el vicetitular del MIDA, Carlos Rognoni, intentó desconocer.
De otra parte, el doctor Fernando Castañeda, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social, indicó que la situación de ese ente es otro asunto pendiente, pero que no esperan debatirlo en el escenario que propuso el Ejecutivo, el Consejo de Concertación Nacional.
En materia de salud y seguridad social debemos darle respuestas concretas e inmediatas a la población y no esperar, como señala el Gobierno, un informe de auditoría de la Organización Internacional del Trabajo para darnos cuenta de la urgencia que entraña el acceso a medicamentos baratos o la atención a los jubilados.
Ese Consejo, dijo, lleva 10 años de no producir nada útil y está más cerca de ser punto de análisis en la mesa de corrupción. La Concertación está desacreditada desde el tiempo del presidente Martín Torrijos (2004-2009), remarcó.
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