La decisión se adoptó de consenso luego de varias horas de debates y profundas diferencias sobre la creación de mesas intersectoriales y de seguimiento a siete puntos anteriores de la agenda.
Con la Iglesia católica como facilitadora, las partes debatieron la mejor vía para darle continuidad a los primeros acuerdos de esas pláticas, aunque con puntos de vista opuestos en torno a los asuntos que deberán ventilarse en el nuevo escenario.
Los colectivos y los funcionarios del Ejecutivo coincidieron en algunas ideas, como proponer incorporar al sector empresarial a la mesa intersectorial, pero sin lograr acuerdos sobre los temas que se analizarían.
La propuesta de los diversos gremios incluye que el nuevo espacio sea formalizado por un decreto ejecutivo y conste de siete puntos: seguridad alimentaria; vivienda y hábitat; educación, juventud y desarrollo social; salud y seguridad social; derechos humanos, ambiente y pueblos originarios; el aspecto laboral; y transporte y logística.
En nombre del Gobierno, Guillermo Salazar, leyó una contrapropuesta, en la que aceptaron apenas tres temas: seguridad alimentaria; educación, juventud y desarrollo social; y derechos humanos, ambiente y pueblos originarios.
Al respecto, uno de los voceros de las agrupaciones, Saúl Méndez, recordó el acta constitutiva de la mesa única de diálogo con sede en la provincia de Coclé, suscrita por todos, donde se precisa que además de canasta básica familiar, combustible, medicamentos, tarifa eléctrica, educación, seguridad social y corrupción, podrían evaluarse otros asuntos relacionados.
Sobre la presencia en una segunda fase del sector empresarial, Méndez dijo que “llegó la hora de recibir a las mafias y a los gremios patronales y de decirles en su cara cómo han secuestrado a este país. Con mucho gusto los vamos a esperar”, remarcó.
También apuntó que las organizaciones que el pasado mes de julio se manifestaron en las calles contra el alto costo de la vida y en demanda de justicia social no podían cerrar las pláticas sin abordar todos los puntos, incluido el de las mesas intersectoriales y de seguimiento, mientras el pueblo espera respuestas concretas y que el Ejecutivo cumpla sus compromisos.
Los líderes de los grupos sociales y el Gobierno acordaron la víspera instalar en septiembre próximo varias comisiones de trabajo, entre ellas la de lucha contra la corrupción, otra sobre educación y también para evaluar seguridad alimentaria y canasta básica familiar saludables.
Otras comisiones evaluarán rebaja de la tarifa eléctrica, la fiscalización del precio del combustible en el mercado internacional, normas de protección al consumidor y defensa de la competencia y además la incorporación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario al mecanismo de pronto pago, para cumplir la deuda que tiene con los productores nacionales.
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