Se trata de la primera normativa internacional que aborda el tema en el ámbito laboral y, de aprobarse su tramitación en el Congreso, tendrá aplicación a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales.
El próximo paso es el ingreso del mensaje presidencial al Congreso, donde deberá ser tramitado y aprobado para su ratificación.
Con ello el Estado chileno se compromete a dar seguimiento y controlar la aplicación de la legislación, garantizar el acceso a vías de recurso y reparación, así como a implementar mecanismos y procedimientos de notificación y solución de conflictos.
Contempla también aspectos como la protección de la privacidad y confidencialidad de las personas implicadas.
Boric destacó la importancia de esta normativa, la que calificó de “tremendamente transversal, tanto para el trabajo formal como para el trabajo informal, particularmente en tiempos en donde nos estamos recuperando de una pérdida importante en la participación del mercado laboral de las mujeres”, dijo.
Este convenio de la OIT ha sido ratificado por 19 países y exige que los Estados miembros adopten un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
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