Entre las respuestas sobre la protección del medio ambiente y cómo estimular la actividad económica en la Zona Franca de Manaos, capital del norteño estado de Amazonas, Lula encajó el tema del flagelo.
Precisó que fomentó la lucha contra las prácticas irregulares dentro del Gobierno, a través de incentivos al trabajo de la Junta de Control de Actividades Financieras y la Contraloría General de la Unión, órganos que inspeccionan los movimientos financieros sospechosos y defienden el patrimonio público, respectivamente.
«Tenemos muchos temas que discutir, pero la gente prefiere hablar de corrupción. (Acerca de) corrupción usted puede mentir, (acerca de) corrupción se puede decir lo que quieras», reafirmó el exdirigente obrero, quien demostró su inocencia en la justicia ante todas las acusaciones sobre suspuestos actos de sobornos o cohecho.
«Nosotros creamos medios de combatir todo tipo de corrupción, de lavado de dinero. Solo hay una manera de evitar la corrupción. Es no haber corrupción o ocultar la corrupción», refirió. Detalló que, en el caso de su administración, «la gente abrió de par en par, y yo decía que solo no sería denunciado quien hubiera trabajado honestamente», subrayó.
Lula también criticó el trabajo del procurador general, Augusto Aras, al denunciar que el Ministerio Público no dio seguimiento a la investigación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la pandemia de Covid-19.
«¿Ahora qué vemos? Un fiscal llamado Fiscal de Distrito. Un fiscal que no procesa lo que tiene que procesar. Los resultados de la CPI están paralizados. Y, al mismo tiempo, usted tiene un presidente que, (ante) cualquier denuncia contra él, decreta secreto de 100 años», indicó el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores a las elecciones de octubre.
En el informe final de la CPI, que durante seis meses en 2021 analizó el desempeño gubernamental frente a la Covid-19, se confirmaron graves anomalías que indujeron a enunciar nueve imputaciones contra el mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro, entre estas la de crimen contra la humanidad.
Cuando la junta de 11 senadores presentó su documento, a finales de octubre, Brasil acumulaba más de 600 mil muertes y 22 millones de contagios por el patógeno SARS-CoV-2. Actualmente registra 683 mil 622 decesos y 34 millones 397 mil 205 contaminados.
También otras denuncias se enfilaron contra tres de los hijos del jefe de Estado, ministros, exministros, diputados federales, médicos, empresarios y el gobernador de Amazonas, Wilson Lima.
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