El secretario general de la central obrera, Gerónimo López, declaró a Prensa Latina que una reunión de la dirigencia elaborará el plan de lucha contra un proyecto de ley impulsado por la mayoría opositora del Congreso para dejar sin efecto el decreto, concertado por el Gobierno con la CGTP.
El plan será puesto a consideración de una asamblea de delegados de las bases de la organización a realizarse este fin de semana, para ponerlo en marcha desde el lunes próximo.
López precisó que el decreto fue emitido en febrero pasado conforme a las competencias del Ministerio de Trabajo, y “pone límites al uso abusivo e ilegal de los servicios de tercerización”, modalidad por la cual los empresarios pueden contratar personal con merma de derechos a través de empresas intermediarias.
La modalidad, establecida bajo el gobierno neoliberal (1990-2000) de Alberto Fujimori, mantiene a los trabajadores sin estabilidad laboral y la empresa intermediaria lucra de su labor, al cobrar a la contratante una suma mayor al salario, casi siempre más bajo que el de los empleados estables.
Según la CGTP, los grupos empresariales encabezados por la Confederación de Empresarios Privados (Confiep), invocan contra el decreto una legalidad e institucionalidad que les favorece por las políticas de gobiernos funcionales a sus intereses.
Esa relación, agrega un análisis de la central, ha permitido a los empresarios “acumular riqueza a expensas de la fuerza de trabajo y de los derechos laborales sin el más mínimo respeto por la legalidad que nunca respetaron”.
Desestima el argumento de la Confiep, según el cual el decreto que limita la tercerización laboral causará el despido de 200 mil trabajadores de empresas que no podrán mantenerlos en forma estable y señala que, en realidad, los necesitan para seguir produciendo, pues en los hechos son personal permanente.
El decreto determina que las empresas solo pueden contratar personal a través de intermediarios para labores temporales o ajenas a la actividad esencial de cada compañía.
Los afanes patronales son respaldados por los partidos que integran la mayoría derechista del Parlamento, los cuales tienen en la agenda vigente un proyecto para eliminar el decreto defendido por la central sindical.
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