Caridad Ramos, presidenta del Consejo Electoral Provincial, precisó a Prensa Latina que a partir del 22 de julio, fecha cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó ese proyecto para referendo, comenzó el proceso de toma de posesión de las mil 266 comisiones electorales de circunscripción de este territorio oriental.
Ese acto, finalizado en los últimos días de julio, permitió activar seis mil 330 autoridades electorales, las cuales, tras la lectura del juramento y firma de su Código de Ética, recibieron la primera preparación sobre ese evento democrático y sus documentos rectores, entre ellos la Carta Magna y la Ley Electoral.
La segunda fase de capacitación inicia hoy hasta el día 24, período del cual resalta entre las actividades fundamentales, la prueba dinámica que permitirá detectar fallas en la cadena de aseguramientos, vías de comunicación y, además, será un ejercicio práctico para las autoridades electorales de mesa y los colaboradores.
Para llegar a ese punto, destacó Ramos, fue necesario la actualización del registro de electores, un proceso que conllevó a verificar casa a casa en 826 circunscripciones, alrededor del 60 por ciento del total de la provincia, así como la publicación de la lista anterior en más de tres mil puntos de gran concentración, entre ellos bodegas, terminales y consultorios.
Sobre el rol de los colaboradores, acotó que estos acompañan cada etapa del referendo, desde que abre el colegio electoral hasta su cierre, tras el escrutinio de las boletas, para así dar a ese importante acto mayor confiabilidad y transparencia, al comprobar que todo se ejecute según dicta la Ley.
La directiva agregó que están previstos 24 colegios electores especiales, los cuales abrirán en hospitales, terminales, aeropuertos, hoteles y otros lugares, donde personas puedan permanecer de tránsito; los cuales forman parte de los dos mil 437 locales habilitados en Holguín.
El 25 de septiembre el pueblo de Cuba decidirá la aplicación o no de la versión final del Código de las Familias, que en caso de ganar el Sí, sustituirá a la norma vigente de 1976 y dará continuidad a lo establecido en la Constitución de la República y a los convenios internacionales de los cuales la mayor de las Antillas forma parte.
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