De acuerdo con la propuesta del director del Instituto de Planificación para el Desarrollo, Guillermo Salazar, antes debe legalizarse la etapa mediante resolución ministerial e incorporar nuevos actores, entre ellos empresarios privados y sector productivo.
La sugerencia del Ejecutivo, puesta a consideración de los colectivos, en la central provincia de Coclé, donde desde el pasado 21 de julio transcurren las pláticas, precisa que la segunda fase podría comenzar el 23 o 24 de septiembre en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), para también elegir a un nuevo facilitador.
“Consideramos que todo el esfuerzo hecho en estos días en Penonomé (capital de Coclé) nos debe llevar a finalizar la fase 1 del diálogo y pasar a la siguiente para continuar viendo los disensos (combustible, canasta básica, educación, Caja de Seguro Social, energía y corrupción)”, acotó.
Los movimientos populares discreparon de la propuesta de la agenda pues consideran deben valorarse además de los puntos abordados antes con incumplimientos incluso del Ejecutivo, otros como el problema estructural de un modelo económico que prioriza al mercado y atropella al pueblo, a los sectores más vulnerables.
La víspera en Coclé, el octavo punto de la agenda- la instalación de la denominada mesa intersectorial y de seguimiento-trajo nuevas diferencias sobre la metodología para incorporar a las conversaciones a otros actores que han solicitado su inclusión, entre ellos, la Gran Alianza por Panamá, que aglutina 150 grupos de la población.
El secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, uno de los voceros de los grupos, argumentó que, al convocar estas conversaciones, la Iglesia católica planteó que una segunda etapa significaría “un diálogo más profundo para delinear el cambio de transformación para un Panamá más justo y equitativo”.
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