En su propuesta, la institución religiosa -que funge como facilitadora- insistió en la necesidad de oír y servir al pueblo, como principio para darle continuidad a esas conversaciones y los citó para el 13 de septiembre en la sede de la Arquidiócesis, en la capital.
Sin embargo, representantes de la comarca indígena Ngabe Bugle estimaron como burla histórica por parte del Ejecutivo que tras 44 días de pláticas aún incumple con el abastecimiento de 72 productos regulados de la canasta básica familiar.
También otro de los voceros de los colectivos, Saúl Méndez, de la alianza Pueblo Unido por la Vida, denunció maniobras del Gobierno por suspender las pláticas y pasar a una segunda fase con otros actores.
Además, señaló que quedó evidenciada «la falta de voluntad política para discutir los problemas que agobian a la población y la disposición de mantener el statu quo de 115 millonarios que nos roban a todos, junto a los sucesivos gobiernos y los partidos tradicionales que los respaldan», remarcó.
El equipo de facilitadores indicó que el objetivo de la próxima cita, en 10 días, será discutir el punto ocho de la agenda de conversaciones: la instalación de la mesa intersectorial y la transición hacia la segunda fase del diálogo.
En el intercambio, ya Méndez había alertado que en breve vencerá el plazo temporal dado a una de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para calmar la convulsa situación social que puso en vilo al país durante todo el mes de julio, como la reducción y congelamiento en 3,25 dólares el galón de combustible (3,78 litros).
El secretario general del poderoso Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción dijo que a ello se suma que los alimentos regulados no aparecen en los mercados, por lo que el pueblo debe prepararse para retornar a las calles y reclamar sus derechos, consideró.
Los colectivos aceptaron la iniciativa de la Iglesia pero demandaron que se detenga la labor de comisiones de seguimiento a puntos acordados antes y otros en disenso en la mesa como canasta básica familiar saludable, seguridad alimentaria, energía eléctrica y corrupción, entre otros.
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