El coordinador de planes y programas de la Presidencia de la República, Manuel González, explicó a la prensa que aunque el proyecto no está limitado a servidores públicos en edad de jubilación, el Ejecutivo apuesta a esta población como la más probable a acogerse.
González indicó que los ministerios estarán a cargo de la divulgación del programa a lo interno y hasta el venidero 15 de noviembre deberán recopilar las solicitudes, lo que permitirá contar con cifras más detalladas sobre su alcance.
De acuerdo con informes de la Contraloría General de la Nación, el aparato estatal cuenta con 256 mil 579 funcionarios, lo cual presupone desembolsos mensuales de 409,7 millones de dólares solo en salarios.
De acuerdo con el ente fiscalizador, del total de empleados, unos 226 mil 344 son permanentes y otros 30 mil 235 cuentan con contratos eventuales o transitorios.
Para el movimiento popular la medida podría estar rodeada de irregularidades y afectar a trabajadores necesarios, mientras los llamados asesores temporales en puestos llamados botellas, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, se mantendrían cobrando exorbitantes sueldos y viáticos.
En la Federación de Servidores Públicos (Fenasep) también han sido críticos sobre la puesta en marcha de este programa que estiman fallido, según dijo al canal Telemetro su secretario general, Alejandro Haynes.
A su juicio, el hecho de que la plantilla estatal esté abultada es evidencia de que otros programas de este tipo no han sido exitosos.
Según la actual norma, los funcionarios públicos que se acojan al retiro voluntario no podrán ser recontratados bajo ninguna modalidad en el aparato estatal.
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