De acuerdo con el texto, que firma la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura del país canalero (Cciap), Marcela Galindo, la Covid- 19 y el consecuente aumento del desempleo y la informalidad agravaron exponencialmente las circunstancias, y el Estado sigue sin reaccionar.
En 15 años de las primeras reformas al sistema, agregó el mensaje, ninguna de las sucesivas administraciones gubernamentales quiso asumir el reto, sin mayor justificación que evitar atender un problema de esa envergadura y su consecuente costo político.
De acuerdo con la titular de la Cciap, más del 80 por ciento de los panameños cotiza en la CSS con la expectativa de recibir una pensión cuando ya no puedan ser parte de la población laboralmente activa.
Lo cierto es que, en la década de 1940, cuando se creó la institución, las personas vivían un promedio de 10 años más después de la edad de jubilación; hoy la expectativa de vida se ha extendido a más de 25 años y continúa extendiéndose, subrayó.
La matemática simplemente no da, los aportes y sus rendimientos no alcanzan, y por esa razón drenaron las reservas al punto que están por desaparecer, aclaró la funcionaria en el documento circulado a la prensa.
Según el más reciente reporte de la Junta Técnica Actuarial de la CSS, las reservas alcanzan hasta el último trimestre del año 2023.
En 2021, el sector empleador participó del diálogo establecido por el Gobierno Nacional sobre la CSS, reiterando la importancia y necesidad de que los trabajadores fueran para de este, recordó Galindo.
De allí que, en su momento, consideramos beneficioso la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, se dijo que este organismo entregaría un informe entre julio y agosto de este año, que no llega; mientras tanto, la CSS agoniza.
Plantear propuestas a corto plazo que obvien la realidad demográfica y económica del país es engañar a la población, y condenar el país al fracaso, acotó la Cciap, institución cuestionada por las organizaciones sociales que la responsabilizan junto al Ejecutivo por los altos costos de la vida en el istmo.
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