La organización social rechazó frente a las instalaciones de una de las dependencias del grupo farmacéutico Arrocha los precios exuberantes de los medicamentos y denunció al Gobierno por incumplir medidas paliativas como la rebaja del 30 por ciento de las cotizaciones de 170 remedios, sin afectar a los grandes oligopolios.
También reclamaron ante supermercados del Grupo Rey su negativa a ofertar unos 72 productos regulados de la canasta básica, tal como acordaron los colectivos con el Ejecutivo en una mesa única de diálogo instalada desde el pasado 21 de julio en la occidental provincia de Coclé.
Esas pláticas, detenidas actualmente debido a diferencias sobre asuntos pendientes y el paso a una segunda fase, esperan por la convocatoria de la Iglesia católica que funge como facilitadora a un encuentro de las partes el venidero 13 de septiembre en la Arquidiócesis de Panamá.
Dos días después, en plenaria, otra vez en la ciudad de Penonomé (Coclé), las alianzas populares y representantes del Ejecutivo expondrán su posición.
Sin embargo, los gremios mantienen denuncias sin obtener respuesta como es el caso de los medicamentos.
En esas conversaciones, la economista y catedrática Maribel Gordón presentó evidencias sobre medicamentos que en Panamá son seis veces más caros que en otras naciones de la región, y fue tajante: la existencia de una mafia farmacéutica a la que hay que imponer márgenes en sus ganancias.
Gordón reveló que los panameños destinan el 10 por ciento de sus ingresos -unos 400 millones de dólares- en la compra de medicinas caras en farmacias privadas debido al desabastecimiento en la Caja de Seguro Social.
Según su argumentos, existen 20 compañías distribuidoras; de estas, cinco empresas controlan el 75 por ciento de los medicamentos que entran al istmo, y una sola domina el 40 por ciento en un país donde existen 700 farmacias.
La actual precandidata presidencial por libre postulación precisó que en esa coalición de distribuidoras sobresale la compañía Astor, del grupo Arrocha. Le siguen Grupo CG de Hasseth, Impa Doel (de Galindo-Navarro), Droguería Ramón González Revilla y Reprico (Manuel Ferrer Morgan).
En ese sentido, cuestionó por qué el Estado protege los intereses de esas cinco empresas por encima de las necesidades de la población que paga hasta 300 por ciento más por un medicamento.
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