En un encuentro regional sobre este tema, el titular de esa cartera, Milciades Concepción, precisó que al asumir la presente administración no sabía que el crimen estaba tan organizado.
“Hemos visto redes de países de Centroamérica con el tráfico de especies, maderas, metales y no existía inteligencia ambiental”, agregó.
En la cita sobre el delito de tráfico de vida silvestre, al que asisten expertos invitados de Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Perú, expusieron que hasta julio pasado en el istmo se han contabilizado 233 delitos ecológicos, de los cuales 105 son contra los recursos naturales.
Este año, precisaron, las provincias con mayor incidencia de esas irregularidades son Panamá, Chiriquí y Darién.
Estadísticas del Ministerio Público expuestas también en el seminario dan cuenta que ese tipo de delito se incrementó en los últimos cinco años.
Según esos informes, en 2017 se cometieron 314 delitos contra el ambiente y en 2021 fueron 471, lo que representa un auge del 50 por ciento, sin contar todos los que no se detectan o no son reportados.
Los hechos más frecuentes, señalaron, son la deforestación en áreas protegidas, como la detectada en los parques nacionales Soberanía y Chagres; y la pesca ilegal, el más reciente caso con la captura de una embarcación con bandera colombiana que hacía actividades en el Parque Nacional Coiba, lo cual está prohibido.
Sobre ese operativo, el Servicio Nacional Aeronaval informó que logró retener la lancha durante la operación “Acrux II”, como parte de la política de cero tolerancia a la pesca ilegal en las aguas panameñas.
Dentro de los productos decomisados se identificó que había tiburón, incluso de cazón.
La pesca en aguas nacionales está reservada para embarcaciones con banderas panameñas y con permiso para ello, ya que la actividad está directamente ligada al cuidado ambiental y la sostenibilidad de los recursos.
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