El mandato rubricado por el fiscal Alexander Mendoza aclara que fue emitido en “razón de no haberse presentado a prestar su declaración informativa policial sin justificar la incomparecencia y haciendo caso omiso al llamado de Autoridad, como ocurre en el presente caso y es necesaria para la investigación de Fernando Pacheco”.
Hombre de confianza del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, brilló por su ausencia a las 15:00, hora local, en la Fiscalía, donde debía declarar por las denuncias en su contra.
Interrogado por la televisión boliviana, su abogado respondió que desde hacía 24 horas desconocía el paradero del prófugo y el de su esposa, Brigith Suárez, sobre quien pende otra orden de detención y de arraigo migratorio igual que para su cónyuge. La madre y el hermano de Pacheco concurrieron a declarar en calidad de testigos, pero no dieron cuenta del principal encartado en el caso desencadenado por la filtración de grabaciones en las que se le escucha hablar de coimas por la compra de insumos hospitalarios y la firma de contratos.
El Ministerio Público informó que la pesquisa indaga la presunta comisión de las ilícitas de cohecho, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.
Pacheco concurrió el miércoles a la Fiscalía en busca del teléfono móvil que le fue ocupado durante el allanamiento de fuerzas policiales a su exoficina y a su residencia, pero por obvias razones esa solicitud le fue denegada con el requerimiento de que 24 horas después regresara a declarar como imputado.
En el audio reproducido por todos los canales de televisión bolivianos se escucha, presuntamente al exresponsable del sistema sanitario cruceño, negociar cifras a cambio de direccionar las compras directas y recaudar cobros de entre 20 mil bolivianos (casi tres mil dólares) hasta 500 mil bolivianos (más de 70 mil dólares).
Las grabaciones comprometen a tres gerentes del área de salud subordinada a la gubernatura cruceña, uno es el responsable del Banco de Sangre Regional, Diego C.A, el del Hospital Norte, Fernando C.V., y del Hospital Japonés, Ríchard Ch. V.
Ante tales evidencias, la Gobernación de Camacho presentó una denuncia, a la cual se sumaron asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo, quienes criticaron la tibia reacción del gobernador y el “silencio cómplice” que mantiene.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, reveló a la prensa este jueves que un empresario de la construcción se personó y formuló otra denuncia contra Pacheco por extorsión, aunque no dio mayores detalles.
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