La epopeya sellada el 7 de septiembre de 1977 sobre la devolución al istmo por parte de Estados Unidos de la administración del Canal de Panamá fue catalogada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, como referente histórico de la nacionalidad.
El Ejecutivo recordó que el Día Cívico debe servir además para resaltar los aportes de la vía interoceánica al desarrollo, mientras el vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, agradeció el legado del General Omar Torrijos, quien lideró aquel proceso.
En esa fecha se suscribieron dos documentos, el primero de ellos puso fin a la presencia colonial y militar estadounidense y le devolvió al país su principal recurso natural y el ejercicio de soberanía en todo su territorio.
Otro texto estableció la neutralidad de la vía, cuyo artículo V estipulaba que, “después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones dentro de su territorio nacional”.
El aniversario coincidió con la visita del Secretario de la Marina de Estados Unidos, Carlos del Toro, quien se reunió por primera vez con Cortizo para tratar temas de seguridad, incluida la de la ruta fluvial, lo que hizo que expertos dudaran de que se cumpla la llamada neutralidad de la centenaria obra.
También en los últimos siete días anunciaron que tras dos años de restricciones debido a la Covid-19, en noviembre próximo se realizarán de manera presencial los desfiles por las fiestas patrias y tendrán rutas emblemáticas en esta capital como la calle 50 y la Avenida Costera.
Las autoridades sanitarias adelantaron por su parte que redactan un futuro Decreto Ejecutivo, que liberaría a los viajeros al ingresar al país de presentar código QR o tarjetas de vacunación contra la Covid-19.
Las medidas se adoptan, dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre luego de avances en la inmunización de más del 80 por ciento de la población al menos con dos dosis.
En la semana, además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió nuevas posibilidades de que se reactive el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y otros imputados por blanqueo de capitales en el caso New Business.
En el dictamen, la CSJ dejó sin efecto lo actuado en enero de este año, cuando el Primer Tribunal Superior de Justicia ordenó a la jueza Baloisa Marquínez, dejar sin efecto lo actuado en la primera audiencia en enero de este año.
En esa ocasión, la letrada dictó la ruptura procesal para los hermanos David y Daniel Ochy y el expresidente Martinelli y separarlos del proceso principal.
El fallo precisa que Marquínez no violó los derechos fundamentales de los imputados y que actuó conforme a derecho.
Con esa decisión la CSJ permite que la jueza continúe con el proceso y emita su decisión en cuanto si llama a juicio o no a los acusados.
La investigación consta de 164 tomos y comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
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