“Nosotros como organizaciones sociales estamos organizando un evento para recordar a nuestros héroes que han fallecido por la democracia, para que la democracia se vaya consolidando”, aseguró el representante de la Organización Pensamiento Amáutico de Pando, Alfredo Cocarico.
Recordó el dirigente de esa agrupación social que en aquella oportunidad la denominada media luna (Beni, Pando y Santa Cruz) “estaba ahí en camino a hacer un golpe de Estado” al gobierno electo.
Agregó que quienes “pagaron” fueron los campesinos, en su mayoría indígenas, y estudiantes normalistas para que ese plan desestabilizador concluyera.
Las fuentes relatan que aquella mañana tras concurrir a una convocatoria a un ampliado en la capital pandina, las víctimas marcharon hacia una cita con funcionarios de la entonces prefectura, encabezada por Leopoldo López, con la exigencia de la redistribución de las tierras.
Como parte de la emboscada, hombres al servicio de la prefectura cavaron zanjas para impedir el paso de los movilizados.
Cuando la multitud de hombres, mujeres, ancianos y menores de edad retrocedieron fueron atacados por una fuerza de unos 30 hombres armados.
El enfrentamiento concluyó con la muerte de 15 personas, entre campesinos, normalistas y trabajadores de la prefectura.
Algunos marchistas buscaron refugio en las aguas de un río, sin embargo, resultaron acribillados, mientras otros salvaron la vida tras internarse en el monte entre las ráfagas.
Después de este acto criminal, las Fuerzas Armadas tomaron el control de Cobija.
Investigaciones posteriores realizadas por la Unión de Naciones Suramericanas concluyeron que en Porvenir hubo una “masacre planificada” bajo una cadena de mando prefectural, y los responsables deberían ser sometidos a un juicio ordinario.
En marzo de 2017, el Tribunal Sexto de Sentencia declaró culpable por los delitos de homicidio, lesiones graves, asociación delictuosa y otros al exprefecto Leopoldo Fernández y lo condenó a 15 años de prisión en el penal de San Pedro de La Paz.
Sin embargo, tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 Fernández fue liberado por el régimen de facto de Jeanine Áñez tras cumplir poco más de cinco años, mediante la convalidación de su tiempo de detención preventiva y domiciliaria.
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