El estudio servirá para tomar las decisiones sobre la situación presupuestaria por la que atraviesa el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuestionado por organizaciones sociales y otros actores.
Las recomendaciones de la OIT establecen cambios en las medidas paramétricas, entre estas aumento en la edad de jubilación y la equiparación de la misma para hombres y mujeres, según dijo una fuente de la CSS al diario La Estrella de Panamá.
Informes oficiales y denuncias de organizaciones sociales en el istmo alertaron en agosto último sobre la descapitalización de la CSS, que pone en riesgo el programa de IIVM.
Estadísticas oficiales señalan que en un año, las reservas financieras del subsistema exclusivamente de beneficio definido de IVM tuvieron una caída de 814,63 millones de dólares.
Esos ahorros, utilizados para pagar las pensiones cuando los ingresos no son suficientes, se redujeron de dos mil 226 millones de dólares, en marzo de 2021, a mil 411 millones en igual mes de este año, según los informes.
De otra parte, la Dirección Ejecutiva Nacional de Finanzas y Administración de la CSS señalaron las recaudaciones del subsistema de IVM, de enero a julio de 2022, fueron de apenas 711,9 millones de dólares, cuando los pagos a favor de los jubilados alcanzaron los mil 303 millones de dólares.
La CSS es una entidad que depende mayormente de las contribuciones que hacen los trabajadores y los patronos.
Sin embargo, la crisis en sus finanzas era totalmente predecible con una caída en el empleo y, por ende, en los aportes de los cotizantes.
Una economía prácticamente parada en 2020, debido a la Covid-19, tendría un impacto a largo plazo, lo que redunda ahora de forma directa en los ingresos de la CSS, según acusaciones de los movimientos populares.
Las organizaciones sociales que impulsan una mesa única de diálogo con el Gobierno en la provincia de Coclé, decidieron sobre este tema, uno de sus principales reclamos en recientes manifestaciones, recomponer el actual Diálogo Nacional por la CSS.
Para los colectivos se deben hacer ajustes estructurales importantes que permitan la democratización y transparencia, con la finalidad de encontrar soluciones sostenibles para esta institución.
De su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura del país canalero, Marcela Galindo, indicó en un comunicado que la Covid- 19 y el consecuente aumento del desempleo y la informalidad agravaron exponencialmente las circunstancias, pero el Estado sigue sin reaccionar.
Según el más reciente reporte de la Junta Técnica Actuarial de la CSS, las reservas alcanzan hasta el último trimestre del año 2023.
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