En la comparecencia que tiene lugar en el Palacio de Justicia Gil Ponce, de esta capital, el Ministerio Público informó que solicitará el llamamiento a juicio para 49 personas, de ellas 46 naturales y una jurídica, la empresa Ricamar, por el delito de blanqueo de capitales
También deberán comparecer dos personas naturales acusadas de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.
En este caso se ha dictado sobreseimiento provisional para 21 personas y sobreseimiento definitivo para ocho ,según indicó la fiscal Ruth Morcillo.
La víspera, en la primera jornada del proceso considerado el de mayor connotación en la lucha contra la corrupción, leyeron apenas 80 de 828 páginas sobre cómo la constructora brasileña, a través de una división de operaciones estructuradas, realizaba los pagos de coimas a funcionarios panameños.
De esa manera Odebrecht obtenía contratos de importantes obras públicas en el país canalero.
Recordaron además que la investigación de la Fiscalía Séptima Anticorrupción por posibles delitos contra la administración surgió a raíz de una denuncia interpuesta en 2015 por el abogado Alvin Weeden, en la que puso de conocimiento el pago de coimas a los funcionarios.
De acuerdo con las evidencias mostradas, Odebrecht pagó en el istmo sobornos por más de 50 millones de dólares.
Entre algunos de los detalles mencionados se mencionó que en Panamá, André Rabello, director superintendente de la empresa, era quien tenía la posibilidad de solicitar el pago previamente autorizados por su líder empresarial.
Utilizaban un programa mediante el cual las personas enviaban la solicitud del pago, una persona introducía esos datos en el sistema, y automáticamente era visto por el sector de operaciones estructuradas.
Existía un operador que servía como medio de comunicación con chats externo al sector de operaciones estructuradas y operadores financieros, el cual estaba en Suiza y cada usuario tenía la posibilidad de guardar sus archivos.
Se tiene previsto la audiencia preliminar se desarrolle hasta el próximo 30 de septiembre. Una vez culmine la lectura de la vista fiscal iniciará el proceso de lectura de oposición por parte de los abogados defensores.
Morcillo detalló que se logró avanzar en un primer día en que se alegó prescripción de acción penal, existencia de un tribunal ad hoc, falta de notificación por parte del tribunal a imputados, sin embargo, la jueza Baloisa Marquínez, a cargo del caso, resolvió conforme a derecho.
Respecto a un hábeas corpus, la fiscal Morcillo explicó que en este caso no hay personas detenidas por lo que el Tribunal notificó a la Jueza de este recurso, por lo que descarto se suspenda la audiencia por ese tema.
En 2016 la constructora admitió ante la justicia de Estados Unidos haber pagado 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países de África y Latinoamérica.
En 2017, directivos de Odebrecht y el Ministerio Público de Panamá firmaron un acuerdo de colaboración eficaz, y se impuso una multa de 220 millones de dólares a la empresa, con plazo de pago de 12 años.
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