La Comisión de Constitución, que funciona como un implacable filtro de los proyectos de ley, trató sobre el proyecto de la congresista de centro Susel Paredes, quien lo fundamentó con el argumento de que debe renovarse el Gobierno y el Congreso porque ambos son, según dijo, responsables de la crisis.
Planteó por ello una reforma constitucional que, por excepción, acorte el fin del mandato del presidente Pedro Castillo y de los 130 congresistas a solo dos años y permita así celebrar nuevas elecciones e instalar un nuevo gobierno y un nuevo Parlamento en julio de 2023.
La reforma debe ser aprobada por mayoría simple de 66 congresistas y someterse a un referendo.
El planteamiento fue rechazado, aunque con argumentos distintos, desde posiciones de izquierda y de derecha entre las que hubo voces que negaron la existencia de una grave crisis política.
Desde la derecha extrema, el alegato careció de autocrítica, con intervenciones como la de Patricia Juárez, quien negó la responsabilidad congresal en la crisis, lo cual Paredes y otros legisladores de izquierda y derecha rebatieron con una larga lista de desaciertos y hasta escándalos.
Juárez sostuvo que ella y su bancada cumplen impecablemente su labor y sugirió aprobar una reforma que permita renunciar a quienes sienten que no hacen lo propio.
La congresista y legisladores afines alegaron que el problema es el presidente Castillo por sus desaciertos y que los parlamentarios no tienen porqué dejar sus curules.
Además, negaron validez a encuestas que asignan al Congreso una aprobación de hasta siete por ciento y Juárez atribuyó esa impopularidad a lo que llamó ataques del Gobierno.
Desde la izquierda, Guido Bellido y Jaime Quito admitieron la existencia de una crisis, aunque la solución no es convocar nuevas elecciones, sino un trabajo concertado entre el Ejecutivo y el Legislativo, al que el presidente Castillo llamó al nuevo titular del Congreso, José Williams.
El debate tuvo como contexto la elección, este lunes, de Williams, quien integra el bloque de derecha extrema, para el cual la única salida es la defenestración de Castillo y su reemplazo por el presidente del Legislativo, lo que permitiría extender el poder de este a todo el aparato estatal.
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