A nombre de la alianza Pueblo Unido por la Vida, uno de sus voceros, Saúl Méndez, condenó la tozudez del Ejecutivo de aceptar el debate del punto ocho de la agenda, el más importante, sobre los problemas estructurales de los problemas que aquejan a la población y reformar a este país desigual.
Méndez recordó lo que firmaron las partes al instalar estas negociaciones iniciadas el pasado 21 de julio, en la provincia de Coclé, donde la Iglesia católica funge como facilitadora, sustentó en sus condiciones la necesidad de agotar todos los temas para pasar a una discusión posterior sobre un proceso de cambio estructural que haga de Panamá un país más justo y equitativo, discusión que aún no ha concluido.
El también secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción precisó que lo que si ha quedado demostrado en estas pláticas es la falta de voluntad del Gobierno para atacar los intereses de los gamonales, unos 115 millonarios que dominan al país.
Las primeras llamadas medidas inmediatas han sido incluso violadas por el Ejecutivo, dijo en alusión al subsidio del combustible, precios regulados en alimentos, medicamentos y energía eléctrica, así como educación, seguridad social y corrupción.
Lo que a nadie debe caberle dudas que el Ejecutivo utilizó a la Iglesia para calmar al país en julio, en medio de cierres de calles y bloqueos en protesta contra el alto costo de la vida, una respuesta que volverían a adoptar los movimientos populares para reclamar sus más legítimos derechos, remarcó.
A nombre de los trabajadores de la Construcción, aseveró, no podemos perder más el tiempo y aunque somos partidarios de resolver la actual situación por la vía del diálogo, los empresarios y el Gobierno no dejan otra opción que volver a vernos las caras, pero en las calles, para demandar justicia social.
«Cuando vuelva a arder Troya, dijo visiblemente emocionado, seremos más y más frente a la irresponsabilidad del Gobierno y los empresarios».
Este jueves, la plenaria en Coclé se dedicó a que las partes expusieran sus posturas, luego de que el pasado 13 de septiembre, fracasara un intento de la Iglesia por retomar el diálogo y anunciar una segunda fase, lo cual rechazan los colectivos de la manera en que se propuso. También los integrantes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) se opusieron a reunirse con los empresarios privados que se resisten a cumplir acuerdos de la primera etapa y desconocen a los movimientos sociales.
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