Los argumentos expuestos hasta el momento en la audiencia preliminar que se extenderá hasta el 30 de septiembre involucran a los expresidentes Ricardo Martinelli(2009-2014) y Juan Carlos Varela(2014-2019).
En la jornada la víspera, la jueza Baloisa Marquínez, leyó la declaración del comerciante imputado Aaron Mizrachi, quien dijo que en la contienda de 2009, Martinelli, entonces candidato, le dijo que Odebrecht donaría dinero a su campaña y que Juan Carlos Varela, entonces candidato a vicepresidente, conocía de los aportes.
Según esa declaración, tanto Martinelli como Varela estaban al tanto de todos los depósitos realizados por la constructora brasileña a su sociedad Caribbean Holding Services Ltd.
También se dio lectura a información obtenida de una asistencia judicial solicitada a Suiza, en la que se detalla que Juan Carlos Espinosa, quien entre 2010 y 2011 ocupó el cargo de representante de Panamá ante la Organización Mundial de Comercio, realizó transferencias de sociedades ligadas a Odebrecht a una tarjeta de crédito de otro de los excandidatos presidenciales, Rómulo Roux.
Según la fiscalía, tras la obtención de esta información, se solicitó al Tribunal Electoral suspender el fuero electoral penal a Roux, actual líder de Cambio Democrático, pero dicha petición les fue negada.
Además se leyó la declaración de Mónica Moura, esposa del estratega político brasileño Joao Santana, quien declaró haber sido contactada por Odebrecht para manejar la publicidad de la campaña presidencial de José Domingo Arias en las elecciones de 2014.
En la audiencia otras declaraciones como la de Jaime Lasso, miembro del Partido Panameñista, quien aseguró que Varela y su hermano, el exdiputado José Luis Varela, sabían que recibió dinero de Odebrecht para la campaña de esa organización política en 2009 y 2014.
La audiencia preliminar por el mayor proceso que se sigue en el istmo contra la corrupción, según analistas, tiene lugar en el Palacio de Justicia Gil Ponce, y la fiscalía solicitó el llamamiento a 49 personas, la mayor parte naturales y una jurídica, la empresa Ricamar por el delito de blanqueo de capitales
La investigación de la Fiscalía Séptima Anticorrupción por posibles delitos contra la administración pública surgió a raíz de una denuncia interpuesta en 2015 por el abogado Alvin Weeden, en la que puso de conocimiento el pago de coimas a los funcionarios.
De acuerdo con las evidencias mostradas, Odebrecht pagó en Panamá coimas por más de 50 millones de dólares.
En 2016 la constructora Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos haber pagado 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países de África y Latinoamérica.
En 2017, directivos de Odebrecht y el Ministerio Público de Panamá firmaron un acuerdo de colaboración eficaz, y se impuso una multa de 220 millones de dólares a la empresa, con plazo de pago de 12 años.
mv/ga
